La portavoz del CGPJ responsabiliza a Tirado de incumplir la obligación de «hacer ejecutar lo juzgado»

En una entrevista publicada en el diario El País, Bravo explica que como vocal del CGPJ votó a favor de la consideración de la falta como muy grave -lo que también proponía el ponente Félix Azón- al entender que el juez "no cumplió una obligación fundamental, que la Constitución establece en su artículo 117".

Al respecto, mantiene que pese a la firmeza de la sentencia contra Del Valle, la ejecutoria estuvo paralizada más de dos años por lo que Tirado "omitió una obligación legal, inexcusable e ineludible, de acordar el ingreso en prisión". En contra del voto de Bravo y de otros seis vocales, el CGPJ confirmó el pasado martes la calificación de falta grave y la imposición de multa de 1.500 euros, al apreciar un "retraso injustificado" en el ejercicio de sus funciones. Esta decisión será revisada por el Tribunal Supremo .

Tras la decisión del CGPJ, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció reformas para que la situación no vuelva a repetirse. Sin embargo, Bravo mantiene que los cambios legales deben anunciarse "en climas de sosiego, tranquilidad y reflexión, para no dar la imagen de que en este país siempre se legisla a golpe mediático". "Anunciar una preforma en materia disciplinaria al tiempo que se airea la total discrepancia con la resolución adoptada (...) no es oportuno y puede confundir al ciudadano", añadió.

Con respecto a la comparecencia del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en el Congreso de los Diputados para informar sobre este asunto, tal y como respaldó el propio Zapatero, Bravo subraya que la resolución del órgano de gobierno de los jueces no es firme sino que va a ser revisada por el Supremo, órgano que éste también preside, lo que conlleva que "no pueda dar muchas explicaciones sobre la resolución adoptada".

Por otro lado, Bravo hizo referencia a la "obsoleta" situación de la administración de Justicia y aseveró que existe "una justicia de primera y otra de segunda" si se comparan los juzgados de capitales de provincia y los mixtos cuyas sedes están en los pueblos. En estos últimos, la "carencia de medios personales y materiales y las condiciones de trabajo, a veces hasta de insalubridad, son especialmente alarmantes", indica.