Tres meses después de las sentencias de ilegalización, aún no han pedido al Supremo que las ejecute
Jueves, 11-12-08
Han pasado casi tres meses desde que la «Sala del 61» del Tribunal Supremo declarara ilegales los partidos filoetarras PCTV y ANV por su colaboración «reiterada» con Batasuna y, en consecuencia, por «complementar y apoyar políticamente a la organización terrorista ETA». Sin embargo, ANV sigue actuando como partido político, y sus concejales lo hacen como grupo municipal en el centenar de ayuntamientos en los que ocupan cargos, pues la sentencia de ilegalización aún no ha sido ejecutada. Nadie lo ha pedido. Ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal, partes demandantes en este proceso. Y durante este tiempo, la más vergonzosa actuación de los corifeos de ETA ha tenido lugar con dos muertos sobre la mesa, el brigada Luis Conde de la Cruz, asesinado el 22 de septiembre en Santoña, y el empresario vasco Iñaki Uría, muerto a tiros en Azpeitia hace una semana.
A petición de las partes
Fuentes del Tribunal Supremo confirmaron ayer que la sentencia está notificada (es decir, conocen el texto en su integridad los partidos ilegalizados, el fiscal y el abogado del Estado), pero no ejecutada, pues este trámite se inicia por ley a petición de las partes, y a día de hoy ninguna de ellas lo ha hecho. La «Sala del 61» tampoco lo ha iniciado de oficio, como ocurrió con Sozialista Abertzaleak, porque con la ley en la mano debe esperar a que se lo pidan los demandantes. La notificación tiene efectos sobre los dos partidos ilegalizados; la ejecución los tendrá, cuando se produzca, sobre sus grupos municipales y parlamentario.
La primera consecuencia de que no haya comenzado la fase de ejecución de la sentencia es que las instituciones a las que afecta la ilegalización de los dos partidos no tienen constancia oficial del fallo y no pueden hacerlo efectivo. Es decir, ni el Parlamento vasco (donde PCTV tiene nueve diputados) ni los 93 ayuntamientos vascos y navarros en los que ANV consiguió concejales tras las elecciones municipales de mayo de 2007 (los proetarras gobiernan en 42) tienen la sentencia.
Y son esas instituciones las que deberán proceder a la disolución de los grupos municipales y parlamentarios para que dejen de actuar bajo las siglas de un partido declarado ilegal por su integración en ETA. Pero no lo harán hasta que la «Sala del 61» se lo ordene. La sentencia del Tribunal Supremo en ningún caso supondrá la pérdida del cargo de concejal o de diputado, que es personal.
La segunda consecuencia es de carácter económico. La liquidación patrimonial consecuencia de la ilegalización tampoco puede iniciarse, por lo que los grupos municipales de ANV y el grupo parlamentario del PCTV (que se ha disfrazado bajo la denominación genérica de «izquierda abertzale») pueden seguir disponiendo de las subvenciones oficiales obtenidas. Y, de no remediarse, dispondrán también de las partidas para 2009.
El incumplimiento de la sentencia, casi tres meses después, se está produciendo, por lo tanto, por una doble vía. Primero por la falta de ejecución; y en segundo lugar porque los partidos ilegalizados, especialmente ANV, están haciendo oídos sordos a la orden expresa contenida en la sentencia para el «cese inmediato de toda la actividad». Cese que debe producirse desde el momento mismo de la notificación del fallo.
Fuentes judiciales aseguran que el recurso de amparo de ANV, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (el del PCTV fue rechazado) no impide que se empiece a hacer efectiva la sentencia, pese a que el TC aún tiene que resolver si la ejecución debe o no paralizarse, tal y como ha solicitado el partido ilegalizado. La propia Fiscalía es contraria a que se bloquee la ejecución y todo parece indicar que el Tribunal desestime la pretensión de los proetarras.
El antecedente de Batasuna
El antecedente está en Batasuna. También ese partido acudió en amparo ante el TC cuando fue ilegalizado. Y al igual que ANV solicitó la suspensión de la ejecución, petición que el Tribunal denegó porque los derechos e intereses del partido político deben «ceder» ante los «intereses y derechos públicos y generales». Especialmente cuando se trata de un partido «que con su actividad colabora o apoya la violencia terrorista» y «pone en peligro la subsistencia del orden pluralista proclamado por la Constitución».
En el caso de Batasuna, la ejecución de la sentencia de ilegalización (de 29 de marzo de 2003) fue instada por el fiscal y el abogado del Estado apenas dos semanas después de ser notificada. A principios de abril, la «Sala del 61» ya tenía los escritos de ambos sobre la mesa y se reunía para iniciar los trámites que llevarían a liquidar el patrimonio de Batasuna y a disolver su grupo.

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