Evitar que las víctimas de ETA sufran por partida doble cuando los terroristas cumplen sus condenas y salen en libertad, imponer a los pederastas penas más adecuadas y proporcionadas a la gravedad de sus ataques a menores e incluso bebés, dotar a los jueces de nuevas herramientas para luchar contra el crimen organizado o dar una protección más eficaz a las mujeres maltratadas. Eran asignaturas pendientes que por fin serán resueltas por el Gobierno -al menos esa es la intención- con una reforma del Código Penal fruto del pacto alcanzado en julio por el Ejecutivo y el Partido Popular en materia de Justicia, que será aprobada hoy por el Consejo de Ministros.
Esta ambiciosa reforma quiere acabar con situaciones de auténtica injusticia, como las que padecen víctimas de ETA condenadas a convivir en el mismo barrio, o incluso en el mismo portal, con sus verdugos. Además de aumentar las penas por los asesinatos terroristas (serán de 40 años sin posibilidad de redención, lo que garantiza su cumplimiento entre rejas), los jueces podrán imponer a estos criminales medidas dirigidas a controlar sus movimientos una vez que hayan salido de la cárcel.
Etarras libres bajo vigilancia
Con esta finalidad, el anteproyecto incluirá entre otras, según las fuentes consultadas por ABC, la libertad vigilada (que podrá prolongarse hasta 20 años y para la que podrán utilizarse pulseras electrónicas), el alejamiento, la prohibición de residencia en los lugares donde vivan las víctimas o la prohibición de comunicarse con ellas. También, personaciones periódicas o la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.
La pederastia y la pornografía infantil, sancionadas a la baja en el vigente Código, son delitos que también verán agravadas las penas (serán, en todo caso, de prisión). El objetivo es proteger más a los menores con penas proporcionadas a la gravedad de los hechos; y, de paso, satisfacer la demanda social surgida ante la práctica impunidad de estos delincuentes. Junto al aumento de las penas, está previsto tipificar como delito la captación de menores con fines sexuales a través de internet así como considerar agresión sexual (aunque no haya violencia ni intimidación) aquellos actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual cuando la víctima sea menor de edad. También a estos delincuentes los jueces podrán aplicarles medidas postpena como la libertad vigilada.
La reforma introducirá una nueva figura para luchar contra el crimen organizado: la asociación ocasional para delinquir. El objetivo son las bandas que no tienen vocación de permanencia (por lo que no encajan como asociación ilícita) sino que se forman para cometer el delito en un momento concreto (robos a joyerías, aluniceros). Fuentes jurídicas creen que este tipo penal podría aplicarse a los miembros de las células yihadistas cuya actuación no encaja en el delito de integración en banda terrorista.
El último capítulo se refiere al quebrantamiento de condena en los casos de violencia de género. Se revisará este delito para proteger más a las mujeres maltratadas, muchas de las cuales acaban siendo asesinadas cuando sus ex parejas ya han sido condenadas o tienen medidas de alejamiento en vigor.

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