«Resulta incomprensible, señor fiscal, porque no se han variado las circunstancias, y con el mismo material probatorio se ha degradado el delito de injurias a la Corona a un mero hecho de desórdenes. O el delito de injurias es un delito o no es nada», pero si se trata de una falta su enjuiciamiento ya no corresponde a la Audiencia Nacional. Así se pronunciaba el juez Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia segundos antes de anunciar que se veía obligado a absolver a los dieciséis independentistas catalanes que quemaron fotos del Rey el 22 de septiembre de 2007 en Gerona.
El motivo de esta reprimenda al representante del Ministerio Público, Luis Barroso, fue su inesperado cambio de criterio sin que las declaraciones de los acusados y las pruebas documental y testifical fueran susceptibles de modificar la calificación jurídica de los hechos. Barroso no dio un solo argumento para justificar esta retractación, que se limitó a apoyar en la simple afirmación de que no había quedado acreditado que los acusados tuvieran el ánimo de injuriar.
Lo cierto es que la realidad era otra. Llegaron portando camisetas con el lema «Jo també cremo la corona espanyola» («Yo también quemo la corona española»); retrasaron más de una hora el inicio del juicio al ser retenidos por la Policía a unos cien metros de la Audiencia Nacional al no querer deshacerse de esa prenda; intentaron aprovechar su declaración (inculpatoria) para hablar del derrocamiento de la Monarquía y de la «invasión de España», y enmarcaron la quema de fotos del Rey en su libertad de expresión. Pasadas las dos y media de la tarde, con la misma camiseta puesta, salían de Génova entre aplausos y con un mensaje claro: «No habíamos venido a arrepentirnos».
Pasara lo que pasara en el juicio, el cambio de criterio de la Fiscalía planeaba por la Audiencia Nacional desde primera hora de la mañana, sin que nadie fuera capaz de explicar qué podría motivar esta retractación teniendo en cuenta que fue la Fiscalía quien pidió la apertura de la investigación. Lo preocupante, señalan fuentes de la Audiencia, es que salir impune de un acto así «abre la veda a una campaña antimonárquica sin precedentes».

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