Últ. actualización
Iglesias se arriesga a la inconstitucionalidad por potenciar el uso del catalán en Aragón
F. SIMÓN La Plataforma No Hablamos Catalán instaló ayer una mesa informativa en la Plaza del Pilar
Domingo, 21-09-08
El presidente aragonés y secretario general del PSOE en esta Comunidad, Marcelino Iglesias, no ceja en su empeño de dar carta de naturaleza al catalán en Aragón. Como adelantó ABC el pasado martes, el anteproyecto de Ley aragonesa de Educación contempla expresamente la posibilidad de que el catalán sea «lengua vehicular» en colegios e institutos de las comarcas limítrofes con Cataluña, las mismas que el nacionalismo catalán llama «Franja de Ponent» en su reivindicado territorio de los «Países Catalanes». A la polémica surgida tras revelarse el contenido del anteproyecto de Ley de Educación se suman las dudas de legalidad.
En el año 2001, un informe de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno aragonés -por entonces ya presidido por Iglesias- advertía que «no es posible, desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad, regular mediante una Ley de Cortes de Aragón la oficialidad de unas lenguas distintas al castellano». Y es que la declaración de cooficialidad o el reconocimiento de situaciones prácticas de cooficialidad deben contar con el respaldo previo del Estatuto de Autonomía, que no es una ley ordinaria sino una ley orgánica. Y, como tal, debe ser aprobada por las Cortes Generales, no por un parlamento regional.
Hace falta una ley orgánica
Aquel dictamen de la Comisión Jurídica Asesora advertía que el Estatuto de Autonomía entonces vigente -como ocurre también con el actual, que entró en vigor en abril de 2007- no declaraba cooficial lengua distinta al castellano. Y como no lo hacía, era imposible hacerlo con una ley ordinaria. Ni declarar la cooficialidad ni tampoco establecer por ley «los efectos propios de la cooficialidad». Uno de esos «efectos propios de la cooficialidad» es convertir en «vehicular» otra lengua distinta del castellano. En suma, se está intentando regular por ley ordinaria de Cortes regionales cuestiones que deben ser resueltas en un nivel superior, una ley orgánica de Cortes Generales.
El vigente Estatuto se limita a establecer en su artículo 7, párrafo segundo, una declaración cargada de vaguedad: «Una Ley de Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones aragonesas».
Ni se habla de cooficialidad ni se detallan cuáles son las lenguas y modalidades lingüísticas propias. Juristas consultados por ABC advierten que esa vaguedad no puede ser aprovechada para regular por ley ordinaria una cooficalidad «de facto», en la práctica. De ser así, como ya advirtió en 2001 la Comisión Jurídica Asesora, se incurriría en una inconstitucionalidad. Se estaría dando lo que el sistema jurídico prevé como vulneración de la reserva de ley orgánica.
Pero Iglesias, catalano-parlante, vuelve a insistir en dar carta de naturaleza legal al uso del catalán en parte de la región. El Aragón oriental comprende a territorios de cinco comarcas: La Litera, Ribagorza, Bajo Cinca, Caspe y Matarraña. Unos 50.000 habitantes.
Mientras se sigue trabajando en el borrador de la Ley de Lenguas, avanza en paralelo el anteproyecto de Ley de la Educación de Aragón. Se pretende cerrar la ecuación de forma discreta: los borradores sobre la Ley de Lenguas se inclinan por identificar al catalán como «lengua propia» de Aragón; y el anteproyecto de Ley de Educación, sin citar expresamente al catalán, habla de permitir que las lenguas propias sean «vehiculares» en las aulas de las comarcas limítrofes con Cataluña.

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