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El fiscal pide inhabilitar 18 años al juez que retrasó una adopción por lesbianas

«¿No es un derecho del menor el ser insertado en una familia normal, compuesta por dos personas del mismo sexo?»; «¿No es alta la probabilidad, por ejemplo de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa?». Estas preguntas fueron planteadas por el juez Fernando Ferrín Calamita, titular del juzgado de Primera Instancia nº 9 de Murcia, a todos los psicólogos de la Dirección General de Familia de la Comunidad.

¿El motivo? La petición de Vanesa de las Heras, una mujer lesbiana, de adoptar a la hija que su mujer, Susana Meseguer, había concebido mediante inseminación in vitro a raíz de un plan de vida diseñado por ambas.

El fiscal que instruye la causa, Manuel Abadía, considera que el magistrado incurrió en un delito continuado de prevaricación y solicita que Calamita indemnice a esta mujer con 18.810 euros y que se aleje de la actividad judicial durante 18 años -o lo que es lo mismo, de por vida, dada su edad-.

Un mal comienzo

Candela, la hija de Susana y Vanesa, cumplió un mes de vida el 11 de mayo de 2006, el mismo día que su petición de adopción llegó al juzgado de Calamita. Ese mismo día se solicitó desde este órgano un informe que el fiscal califica de «sorprendente» y en el que se pedía que el gabinete psicosocial del juzgado de familia opinase sobre «la repercursión que tendría la adopción en la menor».

Calamita pedía, concretamente, que se estimase la personalidad que la niña desarrollaría a sus catorce meses en caso de ser adoptada y que para ello se citara a ambas mujeres el 16 de agosto. El fiscal cree que la solicitud escondía un «informe de idoneidad no sólo de la adoptante, sino también de la madre biológica».

Haciendo oídos sordos a la petición de Calamita, este gabinete emitió un informe positivo cinco días antes de su cita con las dos mujeres. Poco después, el propio Ministerio Fiscal se manifestó a favor de la adopción. Sin embargo, faltaba el visto bueno del juez y, tal y como el fiscal relata, éste «había decidido anteponer sus creencias religiosas a la legalidad constitucional».

«La madre ha demostrado tener intereses contrapuestos a los de la menor». Este razonamiento fue el empleado por el juez Calamita para explicar el nombramiento, el 4 de abril de 2007, de un defensor judicial que velara por los intereses de la pequeña Candela en su adopción. Esta resolución, que Abadía califica de «insólita, arbitraria y carente de justificación legal», es uno de los hechos en los que éste se apoya para justificar ante el juez el delito de prevaricación.

El informe de este defensor judicial no se hizo esperar y, dos meses más tarde, tras un exhaustivo análisis, daba luz verde a la adopción. Parecía que comenzaban a agotarse las pegas que Calamita pudiera poner a la adopción, hasta que éste decidió ir un poco más allá.

Tres preguntas

El informe que Calamita recibió, según el escrito del fiscal, pareció defraudarle y, por ello, elaboró tres preguntas que solicitó fueran contestadas, en un plazo máximo de diez días, por todos los psicólogos de la Dirección General de Familia, bajo aviso de ser citados en su juzgado. Estos interrogantes son los siguientes:

1. «Influencia que para el desarrollo armónico de la menor pueda tener la falta de figura paterna y la tenencia, por el contrario, de dos figuras maternas».

2. «¿Es irrelevante (...) que los progenitores, biológico o adoptivo, con quiénes convive diariamente el menor sean o no del mismo sexo? ¿No es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa (...)?»

3. «¿No es un derecho del menor el ser insertado en una familia normal, compuesta por dos personas del mismo sexo y que, por ello, son complementarias entre sí, lo que no ocurre en este caso?».

Pasados los diez días y ante la negativa de los psicólogos, el juez decidió anular este informe «dado que el contenido es innecesario». Se acordó el cese del defensor judicial y, con suspensión del plazo para resolver sobre la adopción, se concedió diez días para que las partes alegasen lo que considerasen oportuno de cara a una posible cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pasos y más pasos que, según Abadía, sólo pretendían dilatar el proceso.

El 6 de noviembre de 2007, el día que Vanesa y Susana decidieron presentar un recurso por retardo malicioso contra el juez Calamita, la pequeña Candela ya tenía año y medio y seguía llevando los apellidos de su única madre legal. El 14 de mayo de este año otro juez dio luz verde a la esperada adopción.

El fiscal cree que Ferrín Calamita incurrió en un delito continuado de prevaricación con la agravante de actuar movido por la animadversión hacia la orientación sexual de ambas mujeres. Estimen ustedes mismos.

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