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Domingo, 07-09-08
A los once funcionarios del juzgado de Garzón les ha sido encomendada la más titánica de las labores que los investigadores de la Guerra Civil hayamos podido nunca imaginar: censar e identificar a las cerca de trescientas mil víctimas de la contienda y la posguerra, para después diferenciar a las de uno y otro bando. Ímproba tarea la de interrogar a miles de esqueletos al modo hamletiano: será o no será republicano, esta es la cuestión.
Pero, ¿y si un esqueleto responde que era republicano pero que le acribillaron los de su bando, como parecen señalar los restos hallados en marzo en la fosa del acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares? La fosa de Alcalá es un reto al discurso oficial, ya que apunta a una sucursal de Paracuellos o al lugar donde desapareció Andreu Nin, cuando es sabido que en la España de los socialistas sólo hay fosas de mártires republicanos, lo mismo que antes, en la de Franco, sólo había fosas de mártires nacionales. Seis meses después de su hallazgo, la sombra de Andreu Nin, líder del POUM torturado y asesinado en aquellos parajes, sigue desafiando a los artífices de la «memoria histórica». ¿Dónde está Nin? A mí plin...
Escarnecidas y olvidadas
Se pretexta hoy que una parte de las víctimas fueron resarcidas durante el franquismo, mientras las otras eran escarnecidas y olvidadas. Qué podía esperarse de una dictadura... Lo que no es de recibo es que se pretenda que la democracia haga lo mismo, reproduciendo a la inversa la actuación del franquismo. Además, si se trata de reparar lo que nunca fue reparado, hay una parte de ese victimario que ni en la dictadura ni en democracia ha obtenido reparación alguna.
¿Quién rehabilitará a los muertos y desaparecidos a causa de las luchas intestinas en el Frente Popular? ¿Quién se acordará de los miles de soldados ejecutados en las cruentas purgas que se desataban en las unidades republicanas? ¿Quién exhumará las fosas de los fusilados sin juicio previo en unas y otras trincheras por intentar desertar o por automutilarse para volver a sus casas?
Ante el 70 aniversario del final de la guerra, ¿pedirá cuentas el juez Garzón por los centenares de comunistas a los que Franco encontró en abril del 39 servidos en bandeja, dentro de las cárceles republicanas, donde llevaban detenidos desde el golpe del coronel Casado? ¿Exigirá responsabilidades a quienes abandonaron en España, sin haberlos destruido, centenares de miles de documentos oficiales que sirvieron a los vencedores para identificar, juzgar y ejecutar a miles de personas en la posguerra?
La cuestión es si la «memoria histórica» se interesa de verdad por las víctimas. Los partidos que la promueven parecen más interesados por ellos mismos y han encontrado en la guerra un inagotable filón para sus arcas. Las indemnizaciones que han recibido por los inmuebles incautados suman un total de 31.996.823 euros. No hay nada que objetar a esta reparación a los partidos por las pérdidas en su patrimonio, salvo si hacemos comparaciones, que siempre son odiosas, pero muy ilustrativas.
Esos 32 millones de euros que se han endosado los partidos está a años luz de una de las mayores subvenciones otorgadas para desenterrar fosas: la que hace un año aprobó el Gobierno, con 100.000 euros para la exhumación, en el antiguo cementerio de San Rafael, en Málaga, de los restos de 3.000 personas presuntamente asesinadas en la Guerra Civil. El cálculo de la subvención es sencillamente sobrecogedor: sólo 33 euros por cada uno de los esqueletos, para cavarlo, exhumarlo, limpiarlo y ponerle nombres y apellidos con el ADN... ¿Es una broma o es que en realidad no hay tantos muertos como se dice?
Lo cierto es que si se hubieran destinado 32 millones de euros a exhumar los restos de las 20.000 víctimas de la represión franquista que aún se estiman como desaparecidas, se llegaría a una media de 1.600 euros por desaparecido. Posiblemente fuera aún insuficiente, pero se acercaría mucho a lo que demandan los familiares. Y ello sin contar con los millones de euros que los partidos están dispuestos a embolsarse de nuevo con la reforma de la ley de bienes incautados introducida a finales del pasado año.
La «memoria histórica» no ha servido para compensar más generosamente a los veteranos republicanos que sufrieron las cárceles y campos de concentración franquistas. A los que estuvieron quince años presos, por ejemplo, el Estado les ha compensado con 800 euros por año de prisión, cifra irrisoria. Y a los que estuvieron menos de tres años se les ha seguido dando con la puerta en las narices, ya que siguen sin tener derecho a esa indemnización: los burócratas de la «memoria histórica» tienen tanta sensibilidad que sólo cuentan el sufrimiento por trienios...
Indemnizaciones
Fue el PP el único partido que presentó una enmienda para que la ley de «memoria histórica» aumentara la indemnización única para los que habían padecido cárcel bajo la dictadura y a la vez se rebajara a un año el tiempo de prisión sufrido para tener derecho a ella. Pero el PSOE y sus socios se negaron a aprobar esta mejora. Prefirieron perjudicar a los viejos antifranquistas que pagaron con su libertad su oposición al dictador, antes que admitir una enmienda que les derribara toda la tramoya con la que intentan identificar al PP como presunto heredero del franquismo.
«Sufrir, pasa. Haber sufrido, no pasa jamás», escribía León Bloy. Al pensar en quienes vivieron y padecieron la Guerra Civil y la posguerra, todos entendemos esa sentencia. Por eso produce tanto estupor el mercadeo político que se hace con ese sufrimiento. A los familiares de las víctimas se les dan falsas esperanzas de hallar a sus deudos, se les prometen sumas ingentes de dinero para exhumar fosas, se les dice que habrá revisión total de los juicios. Y hasta se les pasa un brazo por encima del hombro para hacerse una foto con la bandera republicana, si hay algunos viejecitos se les hace llorar, porque haber sufrido no pasa jamás, y al final si te he visto no me acuerdo.

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