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Publicado Lunes, 18-08-08 a las 09:49
EL debate sobre la cadena perpetua tuvo un punto de inflexión con el rechazo del Partido Popular a proponer su implantación en el derecho penal español. El portavoz popular de justicia, Federico Trillo, zanjó hace días la cuestión argumentando que la prisión a perpetuidad no es compatible con la «interpretación más estricta de la Constitución». Con estas palabras, el debate político queda clausurado por el momento, porque si el principal partido de la oposición decide no mantenerlo, no va a ser el Gobierno socialista quien lo haga, menos aún tratándose de un asunto que le resultaba incómodo, por estar muy vinculado con los sentimientos sociales generados tras el asesinato de la niña Mari Luz Cortés y las excarcelaciones de violadores en serie con pronóstico cierto de reincidencia. Si el Gobierno y el PP querían liberarse de presión sobre la reforma de la justicia penal, lo han conseguido, aunque parecía más propio de la oposición no haber desistido tan tajantemente de un tema social y jurídicamente abierto.
El error en el que se incurre habitualmente es descartar ciertas reformas legales alegando que no es bueno legislar en caliente. El problema es que «en frío» tampoco se legisla porque no hay demanda social, por lo que parece que ciertas medidas nunca tienen su momento. El de la cadena perpetua es uno de estos temas en los que los discursos oficiales se arman de argumentos teóricos no siempre acertados y que no descienden al fondo del problema. Constitucionalmente sólo sería inadmisible una prisión de por vida que no contemplara la posibilidad de revisar la situación del reo. Este planteamiento extremo de la cadena perpetua no es compartido por ningún jurista responsable y no es el que habría de proponerse para el derecho español. Por el contrario, la cadena perpetua sometida a revisiones periódicas que analicen la evolución del reo no presenta incompatibilidades con el artículo 25 de la Constitución, como han manifestado, entre otros, tanto el presidente como el portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Incluso el Tribunal Constitucional lo ha declarado en varias ocasiones, cada vez que ha autorizado la extradición de delincuentes extranjeros condenados a esta pena en sus países de origen. Además, España ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que prevé la cadena perpetua para los autores de crímenes de guerra y contra la humanidad. El óbice de que se hace imposible la rehabilitación del condenado no es tal, porque, precisamente, la cadena perpetua revisable hace descansar en la recuperación social del delincuente su excarcelación, lo que da pleno sentido a esta finalidad resocializadora de la pena. Esto no sucede en la actualidad, como se demuestra, por ejemplo, en cada excarcelación de violador con pronóstico de reincidencia. </CW>
En todo caso, ni Gobierno ni oposición pueden eludir la demanda social —apoyada en argumentos jurídicos— de una modificación penal que asuma la necesidad de atajar la peligrosidad de ciertos delincuentes, a los que el cumplimiento de la condena no les remite de su inclinación criminal. Si la cadena perpetua con revisión periódica —implantada en la mayoría de los países de la UE, tan constitucionales y sometidos al Convenio Europeo de Derechos Humanos como España— es descartada de antemano por el Gobierno y el PP, habrán de abordar otras medidas que, dejando a un lado los prejuicios a veces timoratos que lastran la eficacia de la justicia penal, consigan un efecto sancionador y disuasorio de la misma entidad. Puede ser la extensión del sistema de cumplimiento efectivo de las condenas, la reforma del delito continuado, la legalización de la «doctrina Parot» o la implantación de medidas de seguridad postdelictuales, incluidas las que entrañen el internamiento del reo. El abanico es amplio y contiene opciones constitucionalmente admisibles y contrastadas por la experiencia de otros países. Sólo falta que el poder legislativo asuma la responsabilidad de dotar al ordenamiento jurídico de los recursos que necesita para que la sociedad, dentro de los límites de la justicia civilizada y racional de los Estados liberales, no se sienta indefensa y acabe cuestionando el sistema judicial y el propio Estado de Derecho.

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