Rafael Ricardi, el gaditano que pasó 13 años en prisión acusado de un delito de violación que no cometió y cuya sentencia de octubre de 1996 de la Audiencia Provincial fue anulada por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, ha solicitado una indemnización al Estado de diez millones de euros. La abogada de Ricardi, Antonia Alba, detalló que para determinar la cuantía de la indemnización han tenido en cuenta el tiempo privado de libertad mientras estuvo  encarcelado más el periodo que permaneció en libertad condicional, que ha sido casi un año en el que Rafael Ricardi ha tenido que presentarse a firmar una vez fuera de prisión y que se había  reconocido que se trataba de un delito que no había cometido. La reclamación tiene una argumentación jurídica y otra social en la que Ricardi explica lo que ha vivido durante sus 13 años de encarcelamiento, así como lo que no ha podido vivir y en la situación que se encuentra ahora, "prácticamente en la indigencia",  ya que en enero se le acaba el paro carcelario, que son apenas 400 euros.



