La Junta echa por tierra la Cumbre del Vino

Sin embargo, para el Partido Popular se trata de una «revancha y obsesión destructiva» del Gobierno de Page por todo lo que hizo el anterior Ejecutivo presidido por Cospedal, «aunque se trate de medidas en beneficio de los ciudadanos o de sectores tan importantes el vitivinícola».

Promocionar y poner en valor un producto como el vino, que adquiere especial relevancia en Castilla-La Mancha, la mayor productora de España, se entiende que debe ser uno de los principales objetivos de cualquier gobierno, pero, por lo oído en el debate de ayer, hasta en este asunto la política prima por encima de los intereses del sector.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, consideró un gasto «inútil» el realizado en la Cumbre Internacional del Vino, porque el sector no ha pedido que se celebre de nuevo ni hubo interés del público ni de los patrocinadores privados en las actividades programadas.

Centró su crítica en el gasto que ha supuesto para las arcas de la región las dos ediciones celebradas, que cifró en 1.753.600 euros «cuando la presidenta Cospedal había anunciado que no iba a suponer ni un solo euro de coste a los ciudadanos de Castilla-La Mancha».

Después de haber difundido tanto el consejero como otros miembros del Gobierno días antes que había facturas sin pagar de este evento, algo que desde el Partido Popular han negado en reiteradas ocasiones, Martínez Arroyo reconoció en la tribuna del Parlamento regional que las facturas están pagadas por parte de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, Geacam, a las empresas que prestaron sus servicios, pero que ahora la deuda la tiene la consejería con Geacam.

Y recalcó que esta empresa pública no debía haber asumido ese compromiso de organizar una actividad sobre el vino, porque su cometido es la gestión ambiental. Por ello, la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera «fraude a la legislación en materia de contratación pública» que el Gobierno regional contratase a Geacam para el diseño y organización de la Cumbre del Vino.

Para apoyar sus argumentos y el «desastre» de esta cumbre, ofreció datos de Fenavin, «la mayor feria de referencia del vino español».

Por ello, al finalizar el debate, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron -con el apoyo del PSOE y de Podemos y la abstención del PP- una resolución presentada por el grupo socialista por la que muestran su apoyo al Gobierno regional a la hora de «apostar decididamente» por Fenavin.

Mientras, la resolución presentada por el PP, en la que insta al Gobierno regional a mantener la Cumbre Internacional del Vino y que mantenga y aumente el presupuesto a su promoción, fue rechazada por socialistas y Podemos.

Fue la diputada del PP, Lola Merino, perfecta conocedora del sector -es presidenta de Amfar-, la encargada de dar réplica al informe presentado por el consejero de Agricultura. Acusó a Martínez Arroyo y al presidente Page de «odiar el vino» y de decir falsedades sobre la Cumbre y se preguntó qué tienen los socialistas en contra de las bodegas y los bodegueros, o del enoturismo, o de la gastronomía, los sectores que colaboraron activamente en las dos ediciones de la Cumbre.

«Page es el enemigo número 1 del vino de esta región», insistió Merino, que destacó el esfuerzo de Cospedal por la modernización del sector, ya que en cuatro años se ha avanzado más que en los 28 de gobierno socialista. Y dio como datos los de las exportaciones, ya que en 2014 se alcanzó una cifra récord de venta de vino de Castilla-La Mancha, colocándose por primera vez como la mayor exportadora de España, incluso por encima de Cataluña.

Recalcó el espíritu de revancha que mueve a los socialistas para destruir lo que ha hecho Cospedal y arremetió contra el consejero de Agricultura al que acusó de liderar el mayor arranque de viñedo que ha habido en Castilla-La Mancha. Recordó el «impuesto revolucionario» que impuso Barreda a las bodegas para «financiar comidas de 8.000 euros y viajes de lujo».

Y aprovechó para recordar que, precisamente desde Geacam, los socialistas dieron contratos al hermano del actual vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, «saltándose todos los procedimientos».