Un proyecto pionero recupera las historias de 11.000 víctimas del franquismo en la región

Con la entrada de las tropas franquistas en marzo de 1939, el Monasterio de Uclés se convierte de inmediato en campo de concentración y en enero de 1940 en prisión, hasta diciembre de 1943, en la que se hacinaban más de 5.000 prisioneros. En su mayoría eran hombres, muchos de los cuales fueron condenados a muerte en consejos de guerra que ya se habían celebrado en las localidades de Tarancón, Huete, Belmonte y San Clemente.

Uclés es uno de los lugares de Castilla-La Mancha donde más casos de represaliados hubo durante los primeros años de la dictadura franquista, junto con la cárcel de Ocaña ( Toledo) o el penal de Chinchilla (Albacete). La represión practicada en España durante la Guerra Civil y la larga postguerra de la dictadura goza de importantes investigaciones, como esta de María Torres. Sin embargo, Castilla-La Mancha carecía de un trabajo que reuniera los datos de los represaliados de la dictadura, que pueden alcanzar los 11.000 en toda la región.

Esto es precisamente lo que se ha conseguido con el proyecto «Represión de guerra y postguerra en Castilla-la Mancha», financiado por la Junta de Comunidades a través de los Fondos Feder de la Unión Europea . Aunque tiene sus orígenes en estudios parciales que datan de los años ochenta, nace al abrigo de las investigaciones presentadas en el congreso sobre la Guerra Civil Española, promovido en 2006 por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). L a idea inicial, según cuenta a ABC el historiador y director del proyecto, Manuel Ortiz, surgió cuando los profesores de los departamentos de Historia de los distintos campus de la UCLM decidieron emprender el mismo viaje que ya habían realizado compañeros de otras comunidades autónomas con el objetivo de analizar el problema de la violencia de la dictadura franquista.

«Este trabajo ya se había realizado antes en cada una de las provincias de la región y en algunas localidades concretas, pero no existía un proyecto global que aunara a toda Castilla-La Mancha », explica Ortiz. Con ese ánimo se presentaron a la convocatoria de la Junta de Comunidades con un proyecto de investigación que obtuvo el visto bueno en 2010 y cuyo objetivo final era crear una página web donde recoger todos los datos de las víctimas de la dictadura.

El proyecto estuvo paralizado durante tres años, hasta finales de 2014, cuando la Consejería de Educación y Cultura y la UCLM, comunicaron que había intención de reactivarlo gracias a la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con un presupuesto de 60.000 euros. De momento, el plazo de la investigación es de un año, por lo que a finales de 2015 el trabajo debería estar finalizado, pero Ortiz anuncia que en octubre ya comenzarán a publicar los primeros resultados. En concreto, el objetivo básico era la creación de una página web (www.victimasdeladictadura.es) con información de todo lo que se ha investigado sobre este asunto en Castilla-La Mancha . Pero la novedad de este trabajo es una base de datos con información proporcionada por las sentencias judiciales de los tribunales militares franquistas que conciernen a aquellas personas que fueron ejecutadas en cada una de las cinco provincias de la región, cuyo número asciende a unos 11.000 ajusticiados entre 1939 y 1943, informa el director del proyecto.

Los datos registrados sobre cada uno de los ejecutados durante esos años del franquismo se recoge en 22 campos con datos como el nombre, la edad, la profesión, la localidad y la fecha de nacimiento, la fecha de ejecución, la afiliación política, la sentencia o el delito imputado, entre otros, aunque, tal y como asegura Ortiz, «la gran mayoría de ajusticiados no cometieron ningún delito».

Según el director del proyecto, a casi todos los ejecutados registrados en la base de datos se les imputa el delito de rebelión militar, algo que recuerda a las afirmaciones del ministro franquista y cuñado de Franco, Ramón Serrano Súñer: «Se trata de aplicar la justicia al revés». De este modo, «la mayor parte de estos ajusticiados eran republicanos que defendían la legalidad vigente del gobierno de la II República, es decir, concejales, diputados o afiliados de partidos políticos y sindicatos».

«Se trata de un proyecto colectivo y necesita de mucha gente implicada», indica Ortiz. Para llevarlo a cabo se contrató a c inco investigadores para que estudiara el caso de cada una de las provincias de la región. En total, aparte de estos cinco investigadores contratados, han trabajado 12 profesores universitarios de diferentes campos –Historia, Antropología, Sociología, etc.-, además de 30 colaboradores voluntarios.

No obstante, el director del proyecto reconoce que han tenido «muchos problemas burocráticos», puesto que los fondos Feder obligan a cumplir con una serie de condicionantes, como son los plazos y los pagos de facturas a proveedores, entre otros requisitos. Otra de las trabas que se han encontrado, según relata, son los impedimentos para acceder a la principal documentación de esa época, que se localiza en los archivos militares provinciales, «que tienen su propia normativa y un horario reducido, así como cánones elevados para sacar copias de los documentos».

Al final, independientemente de que el proyecto tuviera solo una duración de un año, han decidido que el trabajo se convierta en algo más estable y han creado una estructura de investigación que aspira, por lo menos, a presentarse a otras convocatorias. «La mejor manera de que tenga continuidad es que los resultados que presentemos el próximo mes sean lo suficientemente suculentos, como creo que son, aunque todo ello depende de la situación económica», concluye.