Hacienda anula la adjudicación del servicio de Aguas de Alcázar
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto a favor del recurso presentado por el PSOE del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y ha suspendido la adjudicación a Aqualia como socio privado de la gestión del servicio de aguas.
La paralización del proceso queda anulada, según indica la resolución a la que ha tenido acceso ABC, porque la adjudicación y el pliego de condiciones por el que concursaron las empresas para hacerse con esta gestión mixta no eran correctos y no garantizaban la concurrencia competitiva de las empresas que optaban a hacerse con este contrato.
La resolución del Tribunal Administrativo Central anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de 12 de marzo de 2014, en el que se procede a adjudicar a la oferta económica más ventajosa, presentada por Agualia S.A. y Trainasa, el contrato para la selección de un socio privado y la enajenación de acciones de la Sociedad Aguas de Alcázar, Empresa Municipal S.A. a efectos de transformar la citada empresa en una sociedad de economía mixta para gestión indirecta de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua.
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Salta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la región.
El PSOE presentó el recurso ante este tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, el pasado mes de marzo, al tiempo que se convocaron diversas protestas ciudadanas contra el cambio de gestión del servicio de aguas que incluyeron un encierro durante tres días en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
La resolución anula el proceso de licitación y de adjudicación de la parte privada del servicio a la empresa Aqualia, al no garantizarse la libre concurrencia, según informaron desde el PSOE.
Pese a esta resolución, el alcalde de la localidad, Diego Ortega, anunció que seguirá adelante con el cambio de modelo de gestión de la empresa municipal de aguas con el fin de «dar viabilidad económica a la empresa, mantener los puestos de trabajo y no incrementar el precio de la factura». La empresa municipal de aguas tiene «un agujero de 8 millones de euros», según el Consistorio.
El portavoz del equipo de Gobierno municipal de Alcázar de San Juan, Ángel Puente, calificó de «un poco extraña» la resolución porque «habla de pliegos que no están recurridos» y señaló que anula aspectos que han sido válidos en Soria y en Jerez.
Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recomendó al Ayuntamiento del municipio ciudadrealeño que acepte la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y dé «marcha atrás» en su idea de privatizar el servicio de aguas. «Que acepten la resolución porque yo creo que eso hará que se puedan calmar las aguas, precisamente, en Alcázar de San Juan», manifestó.
El consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, dijo que se mantiene «con toda prudencia» porque desconoce la resolución, mientras que la diputada regional del PP, Inmaculada López, aseguró que los problemas de la empresa Aguas de Alcázar «han sido generados por el PSOE de Page, con el exalcalde socialista Sánchez Bódalo a la cabeza».
El exalcalde juzgado
Precisamente, el exalcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, declaró el pasado lunes como imputado en el juzgado de instrucción número 2 de Alcázar de San Juan por su gestión al frente de la empresa municipal Aguas de Alcázar.
En declaraciones a Efe, Bódalo celebró la resolución y señaló que «responde a la demanda mayoritaria de los alcazareños, que no quieren que se privatice el servicio de aguas y que saben que hay gato encerrado».
El pasado mes, la Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar también celebró una consulta ciudadana en la que 7.627 personas, casi el 33,5 por ciento del censo electoral, se mostraron a favor de que el agua siguiese siendo pública.
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