Las redes sociales convierten a Papúa Nueva Guinea en el nuevo Salem de las brujas

«Un número de casos relacionados con la brujería han destacado a través de las redes sociales, especialmente por Facebook. Pero también hemos visto a gente que censura la violencia relacionada con la acusación. Influye en ambos sentidos», apunta a Efe Charlotte Kakebeeke , directora de programa de Oxfam en Papúa Nueva Guinea.

Este empobrecido país oceánico, habitado por unos 7,5 millones de personas, cuenta con un territorio montañoso que dificulta la conexión entre las provincias. Es ahí donde las redes sociales están muy extendidas, ya que propician la comunicación entre familiares. Pero los papuanos han carecido de una educación tecnológica progresiva y han saltado prácticamente del teléfono fijo al smartphone. « La gente es más consciente de los ataques a raíz de las redes sociales (...) Previamente los acusados por brujería eran llevados en secreto para ser torturados y asesinados . Sin embargo, ahora cada vez se dan más en lugares públicos », expone Kakebeeke.

El analfabetismo es identificado como uno de los factores principales en la propagación de la creencia en la magia negra, que llegó incluso a parar temporalmente el recuento de votos en las elecciones generales de 2017. Oxfam colabora junto a nueve socios locales para ofrecer asistencias a las víctimas acusadas de brujería, así como avisar a las autoridades cuando tienen conocimiento de un incidente.

La organización también desarrolla una estrategia de prevención para trabajar con las generaciones más jóvenes en la que planea incorporar el uso de las redes sociales como un instrumento para «concienciar e influir en su comportamiento» respecto a la brujería.

En los últimos seis meses se han documentado al menos 27 casos relacionados con denuncias de brujería, o «sanguma» como lo conocen los locales, muchos de ellos fatales y con víctimas cada vez más jóvenes. «En su mayoría niños cuyos padres han sido previamente acusados de brujería», indica la directora.

En noviembre, aldeanos de la provincia central Enga identificaron como sospechosa de «sanguma» a una niña de 6 años , cuya madre - Kepari Leniata - fue torturada hasta la muerte en 2013. Varios voluntarios lograron rescatar a la menor que ahora permanece recuperándose del trauma y heridas bajo el amparo de las autoridades, tras proveer a la pequeña de nueva identidad y hogar.

«Mucha gente condenó en las redes sociales la acusación de la niña y se posicionó en contra de la violencia relacionada con las denuncias de brujería. Esto sirve para que más personas aprecien que, en muchos casos, oportunistas elevan las denuncias de 'sanguma' para obtener un beneficio propio, como tierras», comenta Kakebeeke.

La brusca muerte de un vecino, el azote de desastres naturales o, en muchos casos, la violencia de género suelen encender la caza de brujas con juicios populares en los que la víctima es torturada con hierros incandescentes y machetes hasta confesar la práctica de hechicería; y entonces son decapitadas o quemadas vivas. A raíz de la migración interna, las denuncias de brujería anteriormente confinadas en regiones remotas del país se han multiplicado en las principales ciudades «donde la gente rural mantiene sus creencias».

Papúa derogó en 2013 la Ley de Brujería vigente desde 1971 , que prohibía practicar «magia negra o hechizos para causar daño» y permitía ajusticiar a las personas acusadas de brujería, pese a que estas acusaciones son difíciles de probar. El Parlamento papuano aprobó ese año varias enmiendas al Código Criminal para que la pena de muerte se aplique para sancionar los asesinatos, las violaciones agravadas o en grupos o contra menores de 10 años.

A mediados de enero, un tribunal de justicia declaró culpables a 9 7 personas acusadas de asesinar en 2014 a otras siete , a las que consideraban autoras de supuestas prácticas de brujería , aunque la pena aún no ha sido anunciada. «Se han iniciado una serie de cambios positivos contra la violencia relacionada con la acusación de brujería (...) Sin embargo, las fuerzas del orden y el sistema jurídico todavía carece de recursos para terminar con el problema», zanja la experta.