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Europa dará un mes de plazo a Facebook, Google y Twitter para que cambien sus términos de uso

Las compañías de internet se enfrentan a unas normativas restrictivas a nivel europeo por el tratamiento de los datos personales de sus servicios

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, durante una intervención
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, durante una intervención - AFP

Las autoridades europeas de protección al consumidor pedirán a las empresas de internet Facebook, Alphabet (Google) y Twitter que modifiquen sus términos de servicio en el plazo de un mes ante la amenaza de posibles sanciones.

Según adelanta la gencia Reuters de una fuente familiarizada con el asunto, las multinacionales norteamericanas propusieron algunas maneras de resolver este conflicto y las debatieron con las autoridades este jueves. Las autoridades cuentan con el apoyo de la Comisión Europea y no dudan en imponer multas en caso de no recibir respuestas satisfactorias.

Las compañías de internet se enfrentan a unas normativas restrictivas a nivel europeo por el tratamiento de los datos personales de sus servicios, desde la privacidad de los mismos hasta sus políticas para hacer frente la difusión de contenido que incita al odio. En ese sentido, desde el pasado diciembre las autoridades europeas instaron a las empresas del sector alegando que determinados términos del servicio infringen la normativa de protección al consumidor vigente en la Unión Europea y proponiendo que tenían que hacer un esfuerzo en aras de combatir el fraude.

Entre las cuestiones se incluye la preocupación por no identificar claramente el contenido patrocinado, lo que obliga a los consumidores a renunciar a sus derechos tales como como el de cancelar un servicio, así como un excesivo poder para determinar la idoneidad del contenido generado por los usuarios. En el caso Alphabet (Google), las preocupaciones de las autoridades europeas radican en su red social Google Plus.

Las autoridades también propusieron la creación de un canal de comunicación estándar para notificar a las empresas el contenido considerado ilegal y la acción solicitada, según las cartas. (Reporte de Julia Fioretti, Editado por Robin Pomeroy y Richard Chang)

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