ANÁLISIS

El caso Apple-FBI: cuando chocan libertad, privacidad y justicia

El Departamento de Justicia de EE.UU. quiere obligar a Apple a ayudar a sus investigadores a extraer datos de una docena de teléfonos iPhone como parte de casos pendientes de resolución, según el diario «The Wall Street Journal»

Apple ha detallado que desarrolla nuevas medidas de seguridad que harían que al Gobierno le resultase imposible acceder a un teléfono iPhone bloqueado mediante una contraseña usando métodos similares, según el diario «The New York Times»

El caso Apple-FBI: cuando chocan libertad, privacidad y justicia
El caso Apple-FBI: cuando chocan libertad, privacidad y justicia - REUTERS
J.M.SÁNCHEZ - josedaze Madrid - Actualizado: Guardado en: Redes

¿Puede una empresa negarse a colaborar con la justicia? La línea que separa la privacidad y la lucha antiterrorista es muy delgada. El «caso iPhone», como ya se le conoce a la oposición de Apple a permitir el acceso a las autoridades en el marco de una investigación criminal, ha reabierto el debate acerca de la separación entre las libertades civiles y la protección de los datos personales. Un iPhone 5C, lanzado en 2013, es la piedra angular de todo este entramado. Lo utilizó un terrorista, Syed Farook, autor de los homicidios en San Bernardino (California) el pasado diciembre.

La tecnología impregna todos los estamentos de la sociedad. La revolución digital es un tren que no puede descarrilar. Si eso sucediera, podría provocar un giro inesperado en el desarrollo de la sociedad avanzada a la que nos dirigimos. Apple justifica su postura de no permitir el acceso a este terminal al considerar que puede sentar un mal precedente. Para lograrlo, las autoridades, apoyadas por la decisión de la jueza federal Sheri Pym, han solicitado la utilización de un software modificado para acceder al contenido, un material que podría desvelar algunos entresijos de este episodio trágifo y, a su vez, dar nuevas pistas en materia antiterrorista.

Acceso a los datos de iCloud

La situación no es realmente nueva. Ya tuvo un precedente tras las revelaciones del espía Edward Snowden en el caso Prism -de vigilancia masiva de ciudadanos- y que se destapó el intento de la Agencia de Seguridad Nacional y de las autoridades gubernamentales de disponer de una «puerta trasera» para realizar investigaciones de supuestos delincuentes. La idea es romper el sistema de cifrado utilizado por algunos fabricantes de dispositivos y que sirven de garantía para evitar intrusiones. Pero, en caso de realizar esta tarea mediante técnicas de fuerza bruta, se arriesga a perder toda la información almacenada en el terminal.

En el marco de la polémica, ha trascendido una información de calado que puede remover los cimientos de la seguridad nacional. Según publica el «New York Times», Apple está desarrollado nuevas medidas de seguridad que harían que al Gobierno le resultase imposible acceder a un teléfono iPhone bloqueado mediante una contraseña usando métodos similares a los que enfrentan a la compañía con el FBI. Los expertos cree que, en caso de que Apple tuviera éxito en la actualización de las medidas de seguridad, la compañía crearía un enorme desafío técnico para el FBI y otras agencias incluso si el Gobierno gana el caso abierto contra la firma con sede en la localidad californiana de Cupertino (EE.UU.).

La polémica está servida, puesto que el FBI ha reconocido que ya tuvo acceso al servicio de almacenamiento en la nube iCloud en donde se guarda una copia de seguridad tras una petición judicial a Apple. Pero esa copia estaba actualizada únicamente hasta el 19 de octubre y el atentado se perpetró dos semanas después, por lo que se han visto obligados a intentar acceder a la memoria local del terminal donde, según dicen, puede mostrar pistas sobre la investigación.

Se trata, pues, de una estrategia en la que Apple, al margen de defenderse como empresa, se erige como el paladín de la privacidad digital, aunque subyace como una apuesta arriesgada. Google, Twitter e, incluso, Facebook se han pronunciado al respecto mostrando su apoyo a la firma con sede en Cupertino (California), aunque otros representantes de gigantes tecnológicos como Microsoft se ha desmarcado asegurando que esta decisión atenta contra los derechos de los usuarios. «Este es un caso particular en el que el Gobierno solicita acceso a la información. No están pidiendo algo a nivel general, están pidiendo algo particular», explicaba recientemente su fundador Bill Gates en una entrevista en «Financial Times».

«Tenemos que sopesarlo bien como industria. Hay una nueva área aquí que necesitamos analizar. Si sucede una vez, teóricamente puede repetirse en múltiples ocasiones. Y eso es exactamente sobre lo que tenemos que reflexionar»Hiroshi Lockheimer, de Google

A ojos de los ciudadanos este episodio marca una lucha entre una empresa en su defensa de sus intereses frente a las autoridades. Pero el debate real está en la encriptación de los servicios informáticos que utiliza gran parte de la población. Google, por su parte, considera que la industria tecnológica ha de analizar con detalle su postura frente al pulso legal que mantienen Apple y el FBI porque cree que si se accede una vez al requerimiento de las autoridades, «sentará precedente» y habrá exigencias similares en el futuro.

«Tenemos que sopesarlo bien como industria. Hay una nueva área aquí que necesitamos analizar. Si sucede una vez, teóricamente puede repetirse en múltiples ocasiones. Y eso es exactamente sobre lo que tenemos que reflexionar», aseguraba a EFE el vicepresidente de Google y responsable de Android, Hiroshi Lockheimer, en el Mobile World Congress de Barcelona.

La opinión pública, a su vez, está dividida a partes iguales. Según un estudio elaborado por el centro de investigación Pew, el 51% de los estadounidenses cree que Apple debería desbloquear el iPhone para facilitar la investigación de la policía federal. Solo el 38% de los encuestados se posicionó a favor de Apple, que ha argumentado su negativa en la protección de la privacidad de sus usuarios, lo que ha originado una batalla legal entre ambos. El 11% restante no se pronunció sobre la cuestión.

Las palabras del consejero delegado de Apple («podría utilizarse una y otra vez en muchos dispositivos») en una carta dirigida a los consumidores ha levantado la caja de los truenos. El gobierno de Estados Unidos -decía- ha pedido algo que simplemente no puede, ya que los datos pertenecen al usuario y no a la propia compañía. Es más, el Departamento de Justicia de EE.UU. quiere obligar a Apple a ayudar a sus investigadores a extraer datos de una docena de teléfonos iPhone como parte de casos pendientes de resolución, según el diario «The Wall Street Journal».

«Es algo que consideramos demasiado peligroso. Nos han pedido construir una puerta trasera para el iPhone», lamentaba Cook, quien a su juicio EE.UU. ha pedido «hackear nuestros propios usuarios». Sin embargo, el director del FBI, James Comey, ha insistido en que el caso de San Bernardino tiene un alcance «reducido» y afecta a un único teléfono, pero Cook asegura que eso no es cierto y que tiene repercusiones mayores acerca de la protección de los usuarios de nuevas tecnologías.

Actualmente, los iPhones tienen códigos de acceso más largos que los cuatro dígitos. Desde la última versión de su sistema operativo iOS la firma ha puesto el acento en materia de seguridad intentado que sus productos sean mucho más difíciles de piratear. La batalla legal no ha hecho más que comenzar. Los expertos creen que en caso de que Apple perdiera el juicio se sentaría un precedente legal que podría otorgar al gobierno de EE.UU. mayor autoridad para ordenar a las empresas a romper los sistemas de cifrado de sus productos. Contrariamente, uno de los beneficiados del «Caso iPhone» es la industria, aún incipiente, que se encarga de diseñar aplicaciones móviles y «smartphones» ultraseguros. Por ejemplo, WhatsApp -filial de Facebook- ya ha adoptado protocolos de seguridad y sistemas de encriptación con los que asegura que no pueden desbloquear las comunicaciones de los usuarios.

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