Trabajadores de Uralita con cáncer vuelven a juicio diez años después y sin indemnización

Su familia no quiso hablarle de plazos, pero Domingo supo desde el principio el motivo de su enfermedad aunque no lo entendía. Y es que esta dolencia se suele manifestar unos 30 años después, como si el amianto «despertara» en el cuerpo. Después de dedicarse a barrer el taller de Getafe de Uralita había sido taxista, panadero, y no había tenido ningún síntoma, hasta que empezó a sentirse cansado y las malas noticias no tardaron en llegar. « No le dijimos que le quedaba poco tiempo de vida , no queríamos que maldijese, sino que pasara la enfermedad como pudiera. Mi madre se convirtió en su enfermera, fue muy fuerte», cuenta Raúl Gamonal, hijo de Domingo. Él, junto con familiares de otros cinco trabajadores de Uralita, también fallecidos por cáncer, se enfrentan hoy a un juicio contra la empresa por la vía laboral después de haberlo iniciado hace diez años por la vía civil.

Entonces, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid falló a favor de los trabajadores y le exigió a Uralita el pago de una indemnización que sumaba un total de un millón y medio de euros. La empresa recurrió y la Audiencia Provincial volvió a darles la razón a las familias. Sin embargo, al toparse con el Supremo se estableció que al existir un contrato laboral había que ir por la vía laboral. La decisión tenía carácter retroactivo , es decir, todo lo que las familias habían conseguido hasta el momento quedaba anulado. «Las familias tuvieron que devolver las indemnizaciones y eso supuso mucho dolor. Hemos conseguido esto luchando y ahora hay que darle dinero a la empresa que ha matado a nuestros seres queridos», lamenta Juan Carlos Paul , presidente de la asociación de víctimas del amianto (Avida).

Como se desprende de las sentencias, Uralita no discutió la relación causal entre el amianto y las enfermedades pero sí defendió haber cumplido siempre con la legislación. Sin embargo, la Justicia entiende que no basta con cumplir con los reglamentos y actuar de manera diligente si el daño se produce igualmente. De hecho, reconocen que « Uralita actuó de manera negligente , amparada en una legislación excesivamente permisiva». En este sentido, Avida considera que también hay responsabilidad por parte del Estado. La primera legislación específica sobre el amianto aparece en España en 1984. Sin embargo, el uso del asbesto se prohibió definitivamente en 2002. «Sabían que mataba y se usaba igual», señala Paul que también lamenta que España haya ido con retraso respecto a Europa. «El primer país que limitó la exposición profesional al amianto fue Inglaterra y lo hizo en 1931», añade.

Los graves problemas que provoca este mineral no perjudican solo a los trabajadores, sino también a los familiares e, incluso, a los vecinos cercanos a fábricas de amianto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó que cualquier exposición es insegura . «Hay mujeres que han fallecido por lavarle la ropa de trabajo a sus maridos, incluso, la hija de un empleado también fue diagnosticada de mesotelioma solo por respirar en el mismo ambiente que su padre». Y los llamados «enfermos ambientales» tampoco dejan de aumentar. «Cada vez es mayor el número de afectados por el amianto que no han trabajado con él, sino que viven cerca de fábricas».

Lo que pide ahora la asociación es un inventario de todos los edificios con amianto. «Un censo de este tipo es importante porque si alguien trabaja en ellos tomará medidas de protección. Mientras no exista un seguimiento nadie sabrá al ponerse a trabajar qué es lo que está respirando, y hay que tener en cuenta que todos los edificios construidos entre los años 60 y 90 con toda seguridad contienen amianto ».