La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, durante la presentación de las conclusiones del estudio hecho por este organismo sobre la aplicación que hacen las Audiencias Provinciales de la Ley Integral contra la Violencia de Género a partir del análisis de casi quinientas sentencias
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, durante la presentación de las conclusiones del estudio hecho por este organismo sobre la aplicación que hacen las Audiencias Provinciales de la Ley Integral contra la Violencia de Género a partir del análisis de casi quinientas sentencias - EFE

El testimonio de la víctima de violencia de género no cuenta en una de cada siete sentencias

Solo el 0,4% de las denuncias son falsas

Un estudio sobre casi 500 sentencias de Audiencias Provinciales revela que una decena de estos órganos judiciales siguen exigiendo la existencia de intención de dominar a la mujer para apreciar delito

MadridActualizado:

El grupo de expertos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha analizado 497 sentencias por delitos de violencia de genero dictadas en las Audiencias Provinciales y sólo en dos casos tenían visos de falsedad. En uno de ellos, la mujer mentía para proteger a su agresor.

En 73 de las 497 sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales sobre violencia de género, la declaración de la mujer no fue considerada como prueba suficiente, por lo que en casi 1 de cada 7 sentencias no se valoró la palabra de la mujer, pese a que sólo en dos del total de las sentencias hubo falso testimonio.

Es una de las conclusiones de un estudio sobre la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género por las Audiencias Provinciales elaborado por el Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presentado este jueves en Madrid.

El trabajo, realizado por expertos del citado organismo, analiza 497 sentencias dictadas por esos órganos judiciales entre 2012 y 2014. Así, el CGPJ pide reformar la ley para que no sea necesario probar la intención de dominio de la mujer por parte del maltratador en casos de violencia de género. Además, el estudio, revela que el 78% de los fallos son condenatorios (totales o parciales) y que en el 45% se aplicó el criterio de maltrato, sin necesidad de que hubiera lesiones físicas. Además, los fallos condenatorios también consideraron en casi el 18% de los casos el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Otros motivos fueron las amenazas, delitos contra la libertad sexual y violencia.

«El impago de pensiones también está siendo condenado como delito de violencia contra la mujer», subrayó Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, que también destacó que en las sentencias condenatorias, tres de cada cuatro agresores acaban en la cárcel y que el estudio derroca "el falso mito" de las denuncias falsas. Sólo en dos de las sentencias analizadas se detectó falso testimonio de la mujer que, según dijo, pudo deberse a que la víctima no quería hablar mal de su agresor.

Es una de las conclusiones de este estudio que no se realizaba desde 2009 y que toma un universo de casi 500 sentencias dictadas entre 2012 y 2014 para analizar cuestiones como el tipo de delitos, el volumen de condenas, los agravantes y eximentes que se toman en el proceso o la protección de los hijos de las víctimas para elevar recomendaciones y propuestas de mejora.

No se denuncia en falso

Según ha explicado la presidenta del Observatorio, Carmona, que ha presentado el informe junto a los magistrados María Tardón y Vicente Magro, "el informe evidencia la inconsistencia de la alegación de que las mujeres denuncian en falso" porque "sólo en el 0,4% de las resoluciones analizadas se dedujo testimonio contra la denunciante".

En total, de las 497 sentencias analizadas, 327 eran condenatorias, 120 absolutorias completas y 50 parciales. En el 45% de los casos obedecían a delitos de menoscabo psíquico o maltrato de obra sin causar lesión que requiera tratamiento, en un 18,7% eran por quebrantamiento de la orden de protección y en un 17,9% por amenazas.