El Supremo no considera que la educación diferenciada sea discriminatoria
El Supremo no considera que la educación diferenciada sea discriminatoria - Vanessa Gómez

El Supremo falla a favor de la educación diferenciada porque no equivale a discriminación por sexo

Es la primera sentencia del Alto Tribunal que se pronuncia sobre esta cuestión

SevillaActualizado:

El Tribunal Supremo ha establecido que «no se puede asociar la educación diferenciadacon la discriminación por razón de sexo», en un fallo de su sala de lo contencioso administrativo que, en contra de la Junta de Andalucía, es favorable a la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada.

«La enseñanza mixta es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo», según la sentencia, la cual, sobre la Convención de la Unesco que establece que el acceso a la educación por parte de ambos sexos deben ser facilitadas, matiza que no han de ser los centros educativos «los que deban ofrecer tales condiciones de acceso».

La sentencia del Supremo se debe al recurso interpuesto por la Junta de Andalucíacontra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también favorable a las tesis de la citada Federación de Centros de Enseñanza Privada, que ha informado en un comunicado sobre esta sentencia.

Esta resolución se refiere concretamente al centro privado concertado Altair, de Sevilla, y es la primera que se ha comunicado, por lo que la federación espera que las resoluciones pendientes se produzcan en los próximos días en el mismo sentido.

El comunicado recuerda que es la primera sentencia del Supremo que se pronuncia sobre esta cuestión, «por lo que sientan doctrina sobre el asunto».

La federación, patronal que agrupa a algo más de 400 empresas educativas de todos los niveles y enseñanzas, ha insistido en que tanto la anterior sentencia del TSJA como ahora la del Supremo «desestiman los argumentos empleados por la Administración para denegar los conciertos, declarando que el contenido de esas denegaciones no son conformes al ordenamiento jurídico».

«Es un deber de toda la Administración pública derogar aquellos actos cuyo contenido ha sido declarado antijurídico por parte de los tribunales», recuerda el comunicado de la federación, la cual confía en «la pronta restitución en sus derechos a centros, familias, profesorado y toda la comunidad educativa en estos centros».

Para la federación, la resolución del Supremo equivale a un «reconocimiento sin ambages de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir los proyectos educativos acordes con sus convicciones».