Manifestación del día del Orgullo Gay
Manifestación del día del Orgullo Gay - ABC

El PSOE plantea cerrar durante cinco años los locales donde se acose al colectivo LGTBI

Enmiendas a la ley que presentó Podemos

MadridActualizado:

Las enmiendas del PSOE a la ley de Podemos contra la discriminacion del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales incluyen un paquete medidas adicionales para endurecer el fortísimo régimen sancionador que este partido plantea y que alcanza los 500.000 euros en caso de infracción muy grave (acoso discriminatorio).

Se trata de sanciones «accesorias» que permitirían imponer, además de la multa que proceda, «el cierre del establecimiento en que se haya producido la discriminación o el cese de la actividad económica o profesional desarrollada por la persona infractora por un término máximo de cinco años».

Una propuesta que vuelve a ir mucho más lejos que Podemos, impulsor de la ley, para el que un negocio que infrinja la ley no debe cerrarse durante más de dos años y siempre que sean sus responsables los que consientan o practiquen la discriminación.

Junto a esta medida complementaria, los socialistas proponen que se pueda añadir la «cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales que la persona sancionada tuviese reconocidos o hubiera solicitado en el sector de actividad cuyo ámbito se produce la infracción». Podemos, en cambio, cree adecuado prohibir el acceso a cualquier tipo de ayuda pública durante dos años o prohibir contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos por el mismo plazo.

Los funcionarios, mínimo 10.000 euros

En el caso de que la discriminación se produzca en el sector público, el PSOE también tiene propuestas. Considera que debe imponerse el grado máximo a la sanción que corresponda cuando el infractor sea un funcionario en el ejercicio de su cargo. El grado máximo que propone el PSOE se sitúa en 10.000 euros de multa para las infracciones leves -inobservancia de la ley sin componente discriminatorio-, 40.000 euros para las graves -actos u omisiones que provoquen discriminación aunque sea por error- y 500.000 para las muy graves -acoso discriminatorio-.

Podemos considera suficiente que la condición de autoridad, agente de la misma, personal funcionario o empleado público sea considerada como un agravante, lo que permite que los empleados públicos puedan ser sancionados con grado medio y no solo máximo. Los socialistas defienden que tanto la multa como la sanción accesoria impuesta deberán «guardar la debida adecuación y proporcionalidad con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción».

Tareas sociales sin retribución

Eso sí, siempre que la persona sancionada esté de acuerdo y no se trate de infracciones muy graves, los socialistas permiten que se pueda sustituir la sanción económica «por la prestación de su cooperación personal no retribuida en actividades de utilidad pública con interés social y valor educativo».

También permitiría eludir el castigo económico la realización de «labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas de los actos de discriminación». Igualmente, sería válida la asistencia a cursos de formación, sesiones individualizadas o «cualquier otra medida alternativa que tenga la finalidad de sensibilizar al infractor sobre la igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación sexual o identidad o expresión de género y de reparar el daño moral de las víctimas y de los grupos afectados», reza la enmienda.

Críticas de PP y Podemos

Este durísimo régimen sancionador, y en concreto las multas de hasta 500.000 euros en caso de infracción muy grave, han puesto de acuerdo en la crítica a partidos políticamente tan antagónicos como el PP y Podemos.

Desde Génova, el vicesecretario general de Acción Sectorial, Javier Maroto, consideró la propuesta socialista una «contradicción más en el haber del PSOE. Lo que no vale es apuntar unas reglas solo en el caso de que la infracción afecte solo a un colectivo», rechazó, en alusión a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana que reclaman los socialistas y que contiene multas de importes similares.

Y, según informa Alexis Romero, la coportavoz del Consejo de Coordinación de la formación morada, Noelia Vera, consideró que «el oportunismo del PSOE se está viendo no solamente por este tema, sino en otros, como el cambio de postura en el tema de las pensiones. No valoro la capacidad de competición que parece que rige la política de Sánchez. No es momento de competir ni de estar haciendo un juego electoral, como está haciendo Sánchez en los últimos meses», censuró.

Fuentes de Ciudadanos consideraron la medida «absolutamente desproporcionada» y «un reflejo más del escoramiento del PSOE y de su obsesión con Podemos. Creemos en la separación de poderes: la capacidad punitiva por delitos de odio debe seguir en manos de los jueces y no pasar a las de la Administración, como quieren PSOE y Podemos, mucho menos contemplando sanciones tan desorbitadas», remacharon .