Los diputados de Podemos, que se opusieron a la moción, aplauden la intervención de su portavoz
Los diputados de Podemos, que se opusieron a la moción, aplauden la intervención de su portavoz - EFE

El Congreso rechaza luchar contra el adoctrinamiento en los colegios

El PSOE vota en contra y el PP se abstiene al rechazar Ciudadanos su enmienda para reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa

MadridActualizado:

El PSOE y Podemos han decidido finalmente no apoyar la moción que ha presentado Ciudadanos en el Congreso de los Diputados para intentar frenar el adoctrinamiento ideológico en los centros escolares. Los populares se han abstenido, por lo que la moción ha sido rechazada por 164 votos en contra, 122 abstenciones y 34 síes.

El Partido Popular, por su parte, y como ya adelantó ABC, ha presentado una enmienda para reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa en el marco del Pacto por la Educación.

Ciudadanos ha rechazado la enmienda del PP afirmando que «lo que pretende es descafeinar una propuesta que es muy sencilla y clara: proteger a los menores». Además, señalan que «pretenden eliminar uno de los puntos fundamentales, como es la protección del denunciante».

El debate que ha tenido lugar en el Pleno de la Cámara se ha caracterizado por el cruce de acusaciones entre los partidos de izquierda contra Ciudadanos, con reiteradas llamadas al orden de la presidenta, Ana Pastor.

Debate en el Pleno

Los populares aseguraron que siempre negociarán en el marco del Pacto por la Educación, «sin sobreactuaciones». Reiterando su disposición «a hacer cambios en la Ley», pero trabajando con «rigor y responsabilidad, según señaló la diputada Elena María Bastidas.

La portavoz popular justificó su abstención en que «no hay voluntad de acuerdo, ustedes sabrán por qué» y anunció la presentación de una Proposición No de Ley para reforzar las competencias de la Inspección Educativa.

El PSOE, que no presentó ninguna enmienda, acusó a Ciudadanos de haber llevado al Pleno una iniciativa «sensacionalista, irresponsable y que desconoce la realidad educativa», aseguró la portavoz María Luz Martínez Seijo. A su juicio, «no existen datos de que haya un problema generalizado de adoctrinamiento en España» y cuestionó lo que definió como la creación de una «policía interna dentro del sistema educativo».

«Nefastas políticas del PP»

Por su parte, el diputado de Podemos, Joan Mena, afirmó que con esta moción Ciudadanos «persigue la confrontación e incendiar nuestras calles», pidiéndola que «no busque el auge del independentismo en las escuelas catalanas, sino en las nefastas políticas del Partido Popular».

Finalmente, el diputado de Ciudadanos, Tony Canto, defendió la moción de su grupo para «evitar que se sigan enfrentando unos catalanes y otros y educar a nuestros hijos en libertad. No se puede permitir que se siga adoctrinando a nuestros hijos. El PSOE debe tomar cartas en el asunto y no dejar la educación en manos de sus socios nacionalistas».

El texto de la enmienda del PP pide «reforzar la participación de la Alta Inspección, mediante la correspondiente carta de colaboración y, en su caso, el requerimiento formal, en los procedimientos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ante las actuaciones vulneradas por las administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales».

Enmienda PP

Igualmente, instan al Gobierno a acordar el marco normativo para que la Alta Inspección, «actuando de oficio o a instancia de parte, realice requerimientos e inspecciones en centros educativos, así como elabore informes sobre las decisones que adopte la Administración educativa en relación con la comprobación de la inclusión de los aspectos técnicos del currículo dentro de los currículos respectivos y que éstos y los libros de texto y otros materiales currículares se cursen de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente y la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos».

Los populares también abogan porque se potencien los «medios de la Fiscalía, así como implementando cauces específicos de comunicación con la Alta Inspección para perseguir con diligencia los delitos de ocio cuya víctima son los menores de los centros educativos».

Finalmente, abogan porque los funcionarios de la Alta Inspección «gocen de la consideración de autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar en sus actuaciones la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas par el cumplimiento de sus funciones».

Hasta el momento de la votación, que podría celebrarse en torno a las ocho u ocho y media de la tarde, se abre un periodo de negociación entre ambas formaciones políicas para poder pactar un texto conjunto.

Presiones y acosos

El PSOE justifica su rechazo en que «técnicamente no le parece bien», según han asegurado a ABC fuentes socialistas.

Ciudadanos presenta esta moción, como consecuencia de la interpelación al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de la semana pasada, en la que denunció las presiones y acosos que se están produciendo en los centros escolares de Cataluña, con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Igualmente, recordó el informe realizado por el sindicato AMES sobre la manipulación de los libros de Historia en esta Comunidad y las denuncias de los editores sobre las presiones que reciben para que los contenidos vayan en una determinada dirección política.

Entre otras cuestiones, Ciudadanos quiere que la Fiscalía pueda perseguir los delitos de odio cuya víctima sean los menores de los centros educativos; y desarrollar un marco normativo «para que los denunciantes del adoctrinamiento del odio nacionalista disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato».

Exigir responsabilidades

El partido de Albert Rivera pretende que se desarrolle el marco normativo para que la «Alta Inspección actúe de oficio, realice requerimientos e inspecciones en los centros» y que «garantice la neutralidad ideológica» de los mismos.

Finalmente, pretende que se exijan responsabilidades «disciplinarias a los directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento».