El principal hospital de Baleares exime del conocimiento del catalán a ocho jefes de servicio

Una decisión en esa misma línea se había producido ya el pasado mes de diciembre en el Hospital de Can Misses, en Ibiza . El director general del IB-Salut, Juli Fuster, redactó una resolución provisional, avalada por un informe jurídico, en la que se indicaba que el requisito del catalán quedaba «excluido» en la convocatoria para cubrir ocho plazas en el servicio de Urgencias de Can Misses.

Fue también en diciembre cuando el Hospital Mateu Orfila , en Menorca, publicó una convocatoria para cubrir tres plazas de jefe de servicio, en concreto, para Medicina Interna, Aparato Digestivo y Neurología. Inicialmente, sí se había exigido el conocimiento del catalán a quienes decidieran optar a estos puestos. Sin embargo, al parecer se habría tratado de una equivocación, por lo que ahora se publicará una nueva convocatoria, eximiendo de la exigencia de dicho idioma a los facultativos que se presenten para cubrir esas tres plazas concretas.

Todas estas medidas han sido tomadas poco antes de que entre en vigor en Baleares el controvertido decreto que regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los profesionales sanitarios que deseen trabajar en el Archipiélago. La futura norma autonómica establece que la lengua catalana será un requisito para los auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública.

El citado decreto fija, en cualquier caso, varias excepciones. Una de ellas establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán. Aun así, quienes finalmente consigan una plaza en esas circunstancias tendrán que acreditar, en un plazo máximo de dos años, el nivel de catalán inicialmente requerido en sus respectivas convocatorias. En caso de que esa acreditación idiomática finalmente no se produzca, habrá una «penalización» para dichos profesionales sanitarios. En concreto, se les impedirá participar «en ningún procedimiento de movilidad —como traslados o promociones— que convoque el Servicio de Salud de las Islas Baleares».

Cabe recordar que en la presente legislatura la presidenta del Gobierno balear es la socialista Francina Armengol , que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán en la sanidad ha sido normalmente más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. De hecho, el pasado verano el Servicio de Salud —en manos del PSOE— había dictado una resolución en la que dispensaba del conocimiento de dicha lengua a médicos, enfermeros y farmacéuticos. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción de un nuevo decreto en el que se fijaría el catalán como requisito.

El borrador del decreto fue aprobado inicialmente en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse) , mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser sólo un mérito, anunciaron que impugnarían el mencionado decreto cuando entre en vigor. Los únicos requisitos que quedan aún pendientes para que se empiece a aplicar la nueva norma son su validación por parte del Consejo Consultivo y su aprobación por parte del Gobierno balear.

En ese contexto, el Satse de Baleares confirmó el pasado mes de diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la inminente aprobación de este decreto autonómico. Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) contra la «imposición del catalán» por parte del Ejecutivo regional «a todo el personal sanitario». El lema de la marcha fue « Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas ».

Por su parte, tanto la presidenta Armengol como la consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez, han venido reiterando en estos últimos meses que ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística a pesar de la exigencia del catalán. Asimismo, han defendido que hasta ahora ningún profesional sanitario habría dejado de venir a Baleares por no conocer la lengua propia de la Comunidad.