Un bombero portugués en Vila Nova de Poiares, Lousa
Un bombero portugués en Vila Nova de Poiares, Lousa - REUTERS

Portugal paga 31 millones de euros a las víctimas de los incendios de 2017

Una mujer que perdió a sus padres y a toda su familia próxima cobra la cantidad más elevada: 300.000 euros

LisboaActualizado:

Portugal ha aprobado indemnizar con un total de 31 millones de euros a las víctimas de la oleada de incendios del año pasado, que dejaron 114 víctimas mortales y un rastro de destrucción sin precedentes en la historia del país vecino.

La defensora de la Justicia, Maria Lúcia Amaral, hizo oficial la propuesta que sacó adelante la Asamblea de la República y que ya contaba con el beneplácito del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa.

Después de un largo periodo de investigación, serán exactamente las 114 familias de esos fallecidos las que perciban unas cantidades que compensen los efectos de las sucesivas tragedias acontecidas de junio a octubre de 2017.

La mayor indemnización, de 300.000 euros, corresponderá a una mujer (de quien no se ha revelado su identidad) que perdió a sus padres y a otros familiares próximos, de modo que las llamas la dejaron sola en el mundo. Era una de las historias más desoladoras a causa del fuego devastador, cuyos ecos recorrieron todo el planeta y despertaron una extensa cadena de solidaridad, con aportaciones como la de Cristiano Ronaldo, que pagó de su bolsillo los cuidados médicos de 370 afectados por las quemaduras.

Amaral recibió 301 peticiones de compensación, de las cuales 289 ya han recibido su pertinente respuesta. Sin embargo, las condiciones requeridas exigían tener alguna relación con las 114 víctimas mortales, de las cuales 109 perecieron de manera directa debido a la acción de las llamas y las otras cinco por probados motivos indirectos.

Pero, ¿qué criterios se han seguido? Y, sobre todo, ¿cómo se han cuantificado las cifras aprobadas? La defensora de la Justicia (un cargo con cierta equivalencia al defensor del pueblo español, aunque con más funciones) fijó en 80.000 el daño por la pérdida de la vida y en 70.000 euros el «valor base del daño por el sufrimiento antes de la muerte». Así que las características de la agonía ha sido determinante para que los ciudadanos del Portugal profundo tuvieran acceso a los pagos.

En este sentido, Maria Lúcia Amaral reconoció que el Estado luso ha tenido en cuenta «los principios de universalidad e igualdad». A partir de ahí, no podían dejar de valorarse «las circunstancias absolutamente dramáticas de los incendios».

Siempre sin perder de vista que la compensación por pérdida de cónyuge, padres o hijos daba derecho a 40.000 euros, mientras que en el caso de abuelos o hermanos que viviesen en el mismo domicilio la cifra se quedaba en 20.000 euros, por 10.000 si los hermanos vivían en otro lugar o eran sobrinos.

La presión popular y política ha contribuido a que el Gobierno socialista se jugara su credibilidad en este asunto, por lo que se trata de las indemnizaciones más elevadas que se han pagado en Portugal, en parte «por la extrema violencia de las llamas», según puntualizó Amaral.

Estado de calamidad

El peor día de 2017 en cuanto a la virulencia de las llamas fue el 15 de octubre, con seis muertos registrados en las menos de 24 horas. Nada menos que 443 incendios en una sola jornada, triste récord al otro lado de la frontera, sobre todo en la franja centro-norte.

Las autoridades no tardaron en hablar de manos criminales para azuzar este aluvión de catástrofes, en vista de que la mayoría de ellas presentaba diversos focos al mismo tiempo.

El caso es que fue necesario movilizar hasta 5.400 operarios para intentar frenar la embestida, entre bomberos, militares e integrantes de la Autoridad Nacional de Protección Civil. Un despliegue que se apoyó en la ayuda internacional, como los aviones apagafuegos enviados por el Ejército español.

El primer ministro, António Costa, exasperó a muchos portugueses cuando manifestó: «Situaciones como estas se van a repetir», antes de que la crisis desatada se llevara por delante a la ministra de Administración Interna, Constança Urbano de Sousa, obligada a dimitir.

Así las cosas, no quedó más remedio que declarar el ‘estado de calamidad pública’, con la alerta extendiéndose por todo el país en espera de que se registraran las lluvias salvadoras.

Algunos de los distritos más afectados fueron los de Coimbra, Castelo Branco y Braga, donde hasta el arzobispo se alarmó porque las llamas se iban acercando hacia la emblemática Basílica de Bom Jesus. De ahí que se apresurase a emitir su queja pública: «Ya no es momento de palabras vacías. Los incendios son el asunto más urgente que tiene el país».