Central nuclear de Vandellós en Tarragona
Central nuclear de Vandellós en Tarragona - ABC

La incertidumbre política amenaza las inversiones en las centrales nucleares

Empresarios y expertos advierten de que con un 51% de apoyo parlamentario no se pueden ejecutar programas

MadridActualizado:

El futuro de las centrales nucleares en España está condicionado a la estabilidad política y al respaldo parlamentario que tenga el Gobierno. Empresas y expertos del sector admiten la dificultad de planificar inversiones a medio y largo plazo, teniendo en cuenta que un cambio en el color político podría suponer un freno en el desarrollo de la energía nuclear en España. Una amenaza que pone en riesgo unos 30.000 empleos directos e indirectos y puede resentir el tejido industrial, que ha florecido en torno a las centrales nucleares.

La situación en España empieza a ser preocupante para este sector, como así se puso de manifiesto en el Foro ABC sobre Seguridad Nuclear, en el que participaron el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), José Antonio Gago; el director general de Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), Ramón Gavela; el director general de Tecnatom, Francisco Javier Guerra; el exconsejero del CSN y ex director general de la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE, Luis Echávarri, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Emilio Mínguez.

Vida útil

Las centrales nucleares requieren inversiones en una doble dirección: por un lado, las que son necesarias realizar de forma anual y, por otro, las que hay que llevar a cabo a los 40 años de su entrada en funcionamiento con el objetivo de prolongar la vida útil de estas instalaciones. En España hay actualmente siete reactores nucleares Almaraz I (con 35 años) y II (con 34), Ascó I (34 años), Ascó II (32), Cofrentes (33), Trillo (30) y Valdellós II (30). En enero de este año, Iberdrola y Endesa han solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el permiso para prolongar diez años más la vida de las centrales de Almaraz y Vandellós.

Este proceso se prolonga entre cinco y seis años, los que faltan para que finalicen su actividad. Si el CSN da su visto bueno, las empresas propietarias tendrán que llevar a cabo unas elevadas inversiones, que son las que ahora están en cuestión.

El ex director general de la OCDE, Luis Echávarri, admite claramente que «con un 51% del Parlamento a favor no se puede lanzar un programa nuclear, ya que la estabilidad política, económica y de regulación es fundamental. Y en España hoy eso no se da». A su juicio, el apoyo parlamentario tiene que ser superior a un 70% para generar confianza en los inversores.

Amortizar

Con este planteamiento también coincide el presidente del SNE, José Antonio Gago, al subrayar que «no estoy convencido al cien por cien de que se vaya a regular de una manera que permita realmente establecer para los propietarios un horizonte a medio plazo que garantice las inversiones». Su pronóstico es que «se dé una patada a seguir operando hasta los 50 años y veremos que pasa después. Pero este periodo no es suficiente para que los propietarios aborden las inversiones, ya que no hay un horizonte de amortización».

El director general de Tecnatom, Francisco Javier Guerra, afirmó que la situación política es de «transitoriedad en todo» y que ello «casa difícilmente con poder hablar de una inversión como esta que tiene que pensar en el medio y el largo plazo. Es difícil con tanta incertidumbre y malo para todos».

Las dudas sobre la valentía del Gobierno para hacer frente a este escenario las puso sobre la mesa el director de Ciemat, Ramón Gavela: «Se ampliará la vida de las centrales, pero el Gobierno no se va a atrever a llegar a los 60 años, que sería la solución para todos. Se quedará empantado en 50, y después ya veremos».

Algo más optimista se mostró Emilio Mínguez: «Van a tener que seguir funcionando si queremos llegar a la descarbonización. Sería un varapalo importante porque este sector se está expandiendo, se perderían generaciones de gente que se ha formado a nivel internacional. Hay proyectos en los que participan empresas españolas». Si la posibilidad de poner freno a la energía nuclear en España «se plantea en cualquier mesa política», subraya Mínguez, «hay que tener una visión realista de cuál es la situación. Hay pocos países en Europa que tengan todo el ciclo de combustible, el control, la formación, la investigación y las empresas de energía».

Tejido industrial

Finalmente, Francisco Javier Guerra recordó los 30.000 empleos directos e indirectos que se generán en torno a la industria nuclear, «con un nivel de formación muy alto» porque «esta industria «invierte más del doble que la media en I+D. El tejido industrial se va a resentir si eliminamos esta energía».

Otro de los aspectos que se analizaron en este foro fue la gestión de los residuos, haciendo especial hincapié en la polémica que rodea la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Todos los participantes en el debate consideran necesario contar con este almacén, rechazando que pueda suponer un peligro para los habitantes de la zona.

Luis Echávarri lo considera necesario «siempre y cuando cumpla todos los requisitos de seguridad. No tiene ningún sentido mantener contenedores con combustible gastado en cinco sitios diferentes de España». Sobre su seguridad, el exconsejero del CSN afirmó con contundencia que «no presenta ningún riesgo ni para el pueblo, ni para la región. Se le podrán poner todas las pegas que se quiera desde el punto de vista político, pero no desde la seguridad nuclear».

Gestión de residuos

El director del Ciemat, Ramón Gavela, se mostró «muy de acuerdo» con esta afirmación y criticó a los ecologistas por utilizar la gestión de los residuos como el «caballo de batalla contra la seguridad nuclear; nunca abandonarán la idea de que la gestión de los residuos es malísima».

José Antonio Gago salió en defensa de la capacidad de España para saber gestionar los residuos: «Llevamos 50 años de producción nuclear y sabemos cómo gestionar los residuos». El presidente de SNE recordó que desde 1983 «no se trasladan residuos al extranjero para que tengan que tratarse».

Por su parte, Francisco Javier Guerra insistió en que «los residuos generados por España en toda su historia caben en un campo de futbol» y que el problema «no es el volumen, sino la duración». Finalmente, hizo referencia a los casos de otros países, como Finlandia, «que ya trabaja en un almacenamiento definitivo para garantizar que durante millones de años se olvidan del problema».

Sobre esta cuestión también se pronunció Emilio Mínguez, en la misma línea que los demás participantes en el foro. A su juicio, «el ATC está basado en el conocimiento que se tiene de otras instalaciones y, por tanto, el control y el diseño de la ATC son toda una garantía de seguridad para muchos años».

El siguiente tema fue el desmantelamiento de las centrales nucleares, a raíz del debate abierto por el ministro de Energía, Álvaro Nadal. El titular de este departamento ha planteado que sean las propias compañías eléctricas las que tengan que asumir el coste, en vez de la empresa pública Enresa, como sucede en la actualidad.

Desmantelamiento

El director general de Tecnatom señaló que la propuesta del ministro «tiene bastante sentido porque los que mejor conocen la planta son los que la han operado toda la vida». Sin embargo, Guerra matizó que detrás de esta propuesta «creo que no hay una decisión técnica, sino que se pretende forzar sobre quién es el responsable de la empresa y la propiedad».

Para José Antonio Gago «es más normal en el mundo encontrar el modelo de que la responsabilidad recae sobre el operador, aunque cuando se creó Enresa se atribuyó la responsabilidad del desmantelamiento. Yo creo que ambos esquemas son válidos»,

En relación a la posibilidad de que tras el desmantelamiento de una central nuclear quede algún resto que suponga peligro para la zona, Guerra subrayó que «se borra del mapa totalmente».