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El Gobierno incorporará a los presupuestos de 2018 una partida para los afectados por la talidomida

Este fue uno de los compromisos alcanzados con Ciudadanos en el pacto de investidura

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, con los afectados por la talidomida ABC

ABC

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha anunciado esta mañana el compromiso del Gobierno de incorporar una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para los afectados por la talidomida en España.

Así lo ha asegurado el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza , a la salida de una reunión mantenida, junto a la ministra, con el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Francisco Igea , el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), José Riquelme , el vicepresidente de la organización, Rafael Basterrechea, y la directora del comité científico para analizar la problemática de la talidomida, Encarna Guillén .

La inclusión de esta partida en los PGE es uno de los compromisos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy adquirió con Ciudadanos en el pacto de Gobierno y que, según ha asegurado Igea, ha sido bien acogido y ha permitido que se abra el final de una «etapa de 60 años de silencio, inseguridad y desprecio» hacia las personas que han sufrido los «duros e irreparables» daños de la talidomida.

Indemnizar

Además, esta medida está también incluida en la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en la que se instaba al Gobierno a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad , así como a pagar prestaciones justas que procedan, en el plazo máximo de 2018.

Del mismo modo, se solicitaba facilitar, en lo posible, los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos , así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones mediante las modificaciones legales oportunas.

Unas exigencias que, al igual que otras pactadas en la proposición no de ley, comenzarán a hacerse efectivas una vez se elabore el registro nacional de pacientes, el cual se espera que esté terminado para finales del mes de diciembre.

«Primero tenemos que saber el número de personas afectadas y, posteriormente, la comisión institucional, con el apoyo de las comunidades autónomas, realizará una valoración de la discapacidad de uno y cada uno de los afectados», ha recalcado Castrodeza.

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