Concentración de examinadores de tráfico a las puertas de la DGT. F
Concentración de examinadores de tráfico a las puertas de la DGT. F - MAYA BALANYÁ

Los examinadores de tráfico retoman los paros de tres días cada semana durante todo el mes de septiembre

Tráfico impondrá servicios mínimos del 50% mientra se mantenga la huelga

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El colectivo de examinadores de tráfico ha retomado desde hoy (con más de un 80,5% de seguimiento, según fuentes del colectivo), y durante todos los lunes, martes y miércoles del mes de septiembre, la huelga parcial que mantuvo durante el pasado mes de junio y que se prolongó durante el de julio. En agosto hubo un amago de solución cuando el pasado día 22 se reunió el colectivo, representado por la asociación Asextra (Asociación de Examinadores de Tráfico), con la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque ambas partes no llegaron a un acuerdo. No obstante, al día siguiente, Asextra anunciaba que, por sensibilidad con la ciudadanía que había sufrido el tapón de exámenes acumulados, y con los «casos más urgentes», la huelga que vuelve hoy no será indefinida, sino parcial.

Asextra se ha mantenido todo este tiempo en sus trece: o hay subida del complemento específico salarial (por encima de 200 euros al mes) que los examinadores vienen reclamando desde 2015 a Tráfico, o se mantendrán los paros. Según aseguran desde el colectivo a este periódico, la DGT se comprometió a hacerlo efectivo. No obstante, el departamento niega la mayor y sostiene que nunca dio el visto bueno a esa retribución, toda vez que es una competencia de la dirección de Función Pública del Ministerio de Hacienda, y no de Interior, en el que está adscrito Tráfico. La respuesta del departamento dirigido por Cristóbal Montoro siempre ha sido la de que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a ellas.

Baile de cifras garantizado

El balance del desencuentro, por el momento, no deja satisfecho a ninguna de las partes. Por un lado, la DGT habla de unas 80.000 pruebas prácticas suspendidas durante los paros de comienzos del verano, aunque la patronal de las autoescuelas españolas (CNAE) elevó esa cifra por encima de 105.000. Por otro, CNAE, a través de su presidente José Miguel Báez, también cuantificó las pérdidas generadas al sector en 42 millones de euros, que podrían crecer en otros 30 o 40 millones con la huelga de septiembre.

Al margen del baile de cifras, lo cierto es que la posición de Asextra parece inamovible: «Será en octubre, será en diciembre, o será el verano que viene, pero si no se soluciona la situación de los examinadores, no vamos a desistir de luchar por la dignificación de este puesto de trabajo», dijeron a Efe desde la asociación. «Los examinadores seguimos unidos, con fuerza, y entendiendo que tenemos la razón y que por eso debemos continuar», declaró por su parte ayer a ABC el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez Murillo.

Y es que para esta entidad el refuerzo de la plantilla aprobado para 2018 por la DGT no es suficiente. Se estima que para el 1 de diciembre del próximo año haya unos 870 de estos trabajadores, un centenar más de los que actualmente ejercen ese puesto y que están llamados desde hoy a la huelga.

Para Asextra, continúa existiendo un claro déficit de funcionarios destinados a estas tareas. Desde el colectivo, se afirma que se ha levantado el pie del acelerador y que «dará tiempo a que se produzcan nuevas reuniones» en las que Tráfico pueda desencallar el conflicto.

Jiménez Murillo confía en que «la DGT reflexione». «Como han dicho varios diputados de distintos partidos políticos y ha manifestado en varias ocasiones el propio director de tráfico, Gregorio Serrano, nuestras reivindicaciones son justas y deben atenderlas cuanto antes», destaca, con la vista puesta en que no se prolongue más tiempo una situación muy molesta.

Tras la última reunión infructuosa en agosto, Tráfico valoró la implantación de servicios mínimos de hasta un 50% para subsanar los paros de todo el mes de septiembre. Por su parte CNAE propone el establecimiento de un 77% de servicios mínimos, así como otras alternativas «más creativas» para que sus centros no agonicen con la huelga, como podría ser la privatización del servicio de examinadores.