El presidente nacional de Asextra, Joaquín Jiménez, hace declaraciones a los medios durante la concentración de los examinadores de tráfico, en la jornada de huelga convocada en toda España, para protestar por la «asfixiante» falta de personal en el colectivo
El presidente nacional de Asextra, Joaquín Jiménez, hace declaraciones a los medios durante la concentración de los examinadores de tráfico, en la jornada de huelga convocada en toda España, para protestar por la «asfixiante» falta de personal en el colectivo - EFE

Los examinadores de tráfico amenazan con la «parálisis» todo el verano

La primera jornada de paro ha suspendido 10.000 pruebas en toda España. En Madrid no se ha producido ni un solo examen

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Adoptando el «modelo» de los tres días de paro a la semana del sector de la estiba, los examinadores de tráfico amenazan con llevar a cabo una huelga de tres jornadas cada semana –lunes, martes y miércoles–, hasta que el Gobierno se avenga a resolver sus reivindicaciones, que pasan por un incremento salarial. Se repite la protesta que llevó, el pasado otoño, a parar durante 14 semanas seguidas, provocando que se anulasen o aplazasen más de 32.000 pruebas de los alumnos que aspiran a ser conductores noveles. Este viernes 2 de junio, durante el primer día de paro convocado, un 90% de los examinadores secundaron la huelga, según datos del sindicato CSIF, lo que conllevó la suspensión de «10.000 pruebas» en toda España. En Madrid no hubo ni un solo examen, un «hito histórico».

En la concentración central, frente a la Secretaría de Estado de Función Pública, más de un centenar de examinadores advirtieron que se puede iniciar la «parálisis»de pruebas a partir del próximo 19 de junio (hasta el 31 de julio), anunció el portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, y el representante del colectivo en CSIF, Juan Carlos Aedo, que mantuvieron sendos encuentros con PSOE y Podemos. Jiménez y Aedo denunciaron que el Gobierno no ha atendido su petición de subida del complemento específico, unos 240 euros mensuales brutos, ni ninguna de las medidas a las que se había comprometido.