«Efecto llamada» de denuncias por adoctrinamiento en las aulas de Cataluña

Esta es la primera medida de calado que ha adoptado el ministro de Educación como consejero de este departamento en Cataluña, Íñigo Méndez de Vigo, desde que asumió las competencias educativas. Una vez que la comunicación de esta propuesta de archivo ha sido comunicada al interesado, éste cuenta con cinco días para realizar sus alegaciones, según fuentes educativas.

Las dos personas que estaban detrás del expediente sancionador abierto al inspector Jorge Cantallops son el suddirector general de la Inspección de Educación, Manel Busom Torres, que propuso su apertura el 19 de octubre, y Lluís Baulenas, secretario general del departamento de Enseñanza, que desembarcó en la consejería con la consejera Clara Ponsatí y hasta antes de l 1-0 compaginaba su cargo de secretario general con el de presidente del Consorcio de Educación de Barcelona.

Busom continúa como subdirector general de este cuerpo, cargo de confianza que compatibiliza con el de inspector educativo .

Por lo que respecta a Lluís Baulenas i Cases, la consejera Clara Ponsatí lo nombró secretario general de Enseñanza ). Todavía mantiene ese cargo que, hasta tres semanas antes del referéndum del 1-0, compaginaba con el de presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, que gestiona los centros educativos catalanes.

Ponsatí lo apartó de la primera línea del Consorcio y lo dejó como su mano derecha en el departamento. Su objetivo era asumir directamente el control de los centros educativos de Barcelona el 1-0, ante posibles represalias al ser utilizadas las instalaciones educativas como sede electoral. Hoy sigue apareciendo en la web oficial como secretario general del departamento y es él quien, en estos días de aplicación del 155, es el interlocutor oficial con el Ministerio de Educación . Los sindicatos apuntan que las relaciones entre el departamento de Enseñanza y el Ministerio no solo no son fluidas sino que son casi inexistentes.

La denuncia que realizó el inspector se ha visto reflejada también en las quejas que padres de alumnos han enviado al Ministerio de Educación. Son ya tres los requerimientos formales que se han enviado a la Generalitat, antes de la aplicación del 155.

Por su parte, desde que Sociedad Civil Catalana (SCC) abriese hace unos días una web para que se denuncien posibles casos de adoctrinamiento en las aulas, «han aumentado y en bastante número» las denuncias formuladas, confirman a ABC fuentes de la entidad.