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Educación busca apoyos en el Congreso para luchar contra el adoctrinamiento

El PP podría plantear al resto de los grupos políticos cambios en la ley para mejorar la Inspección Educativa, en el marco del Pacto por la Educación

Los padres han denunciado el adoctrinamiento ideológico que se está produciendo en los colegios de Cataluña ABC
Paloma Cervilla

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El Gobierno buscará el apoyo de la mayoría de los grupos políticos del Congreso de los Diputados para luchar contra el adoctrinamiento ideológico en los colegios. Una medida para solventar este grave problema podría ser cambios en la ley para mejorar la Alta Inspección Educativa, planteándolo como tema de debate para incluirlo en el futuro Pacto por la Educación.

Esta semana es clave para conocer cómo va a afrontar el Ejecutivo esta polémica cuestión. El Grupo Parlamentario Popular tiene que pronunciarse mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados, sobre una moción de Ciudadanos para impulsar el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección Educativa, que ahora está muy cuestionada.

El ministro Méndez de Vigo lo fía todo a la futura negociación de este pacto, como así lo afirmó la semana pasada en el Congreso: «La situación no es satisfactoria... Aquí tienen que jugar mayorías y minorías y búsqueda de consensos y, si estamos de acuerdo en que no es satisfactoria, vamos a cambiarla».

Pacto Educativo

A continuación añadió: «Si estimamos que la ley debe de ser cambiada, debe de ser modificada, tenemos este pacto que está aquí estudiándose para hacerlo. Vamos a ver si encontramos mayoría, si ponemos sentido común al sistema; yo estoy dispuesto a hacerlo y creo que si actuamos con apertura de miras, con generosidad y buscando el interés general, lo conseguiremos».

Finalmente, el ministro se mostró dispuesto a «ver qué es lo que no funciona y que es lo que tenemos que mejorar ».

La denuncia que partió del sindicato Ames, sobre la manipulación de los libros de Historia en Cataluña , a la que siguió otra de los editores de libros sobre las presiones que reciben de los gobiernos regionales para elaborar estos textos, ha entrado de lleno en el Parlamento. Una situación que se ha agravado en los centros escolares, con motivo de la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre.

Trato vejatorio

Esta situación de «trato vejatorio» a los alumnos que no apoyan la causa independentista y la utilización de los menores en actos secesionistas, está desatando una serie de iniciativas parlamentarias, que obligan al Ejecutivo a tomar posición.

Ciudadanos no ha querido dejar pasar la ocasión para forzar un pronunciamiento del Partido Popular, y en el Pleno del miércoles pasado en la Cámara Baja, interpeló al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre este « adoctrinamiento ideológico» .

Como consecuencia de esta iniciativa, mañana martes se votará una moción «para impulsar el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado para evitrar el adoctrinamiento». Si sale adelante esta moción, no es de obligado cumplimiento, pero sí es una llamada de atención sobre lo que debería hacer, según el Parlamento.

El texto de la formación de Albert Rivera va más allá de un simple reforzamiento de un desarrollo normativo sobre las competencias de la Alta Inspección. Quiere que la Fiscalía persiga «con diligencia los delitos de odio, cuyas víctimas son los menores de los centros educativos».

«Odio nacionalista»

Además, pretende instar al Gobierno a desarrollar el marco normativo «para que los denunciantes del adoctrinamiento del odio nacionalista disfruten de la protección adecuada , incluido el anonimato, con la plena garantía de la indemnidad frente a cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles, en particular, a los menores de los centros educativos».

Al margen de estas dos cuestiones, quieren una norma para «exigir responsabilidades disciplinarias a los directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista».

En la exposición de motivos de esta moción, Ciudadanos asegura que los hechos que se han venido produciendo en Cataluña «no son nuevos, fruto de la coyuntura actual. Durante décadas, la permisividad y dejación de funciones del Gobierno, atribuidas actualmente en el artículo 150 de la Ley Orgánica 2/2006 de ducación, han sembrado el terrenos para el fomento del odio y la radicalización». A su juicio, «las administraciones educativas autonómicas, colonizadas por la ideología nacionalista, se servían de sus competencias para alimentarlos, propagarlos, e incluso protegerlos».

Si los populares apoyan esta moción en los términos en que se ha registrado, supondrá que están dispuestos a realizar cambios legislativos para frenar el adoctrinamiento. Pero lo más probable es que, entre hoy y mañana, negocien con Ciudadanos un texto, a través de la presentación de enmiendas.

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