De izq. a dcha: el consejero de Extremadura, José María Vergeles, la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón y María Luis Real González, consejera de Cantabria - J. G. S.

El Consejo Interterritorial de Sanidad aprueba la ampliación del tratamiento de la hepatitis C a todos los pacientes

Así lo manifestó Jesús Vázquez Almuiña, consejero de Sanidad de la Junta de Galicia, que también adelantó que se llegó a un acuerdo respecto a la aprobación de un registro de enfermedades raras

MADRIDActualizado:

El consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez Almuiña anunció en mitad del pleno del Consejo Interterritorial del Nacional de Salud la aprobación por parte del Gobierno central y todas las comunidades de la ampliación del tratamiento de la hepatitis C a todos los pacientes, es decir, incluyendo a aquellos de menor gravedad, es decir, que están en los primeros estadios (F0 y F1) y siempre de acuerdo a la precripción médica y ampliar hasta 2020 este plan iniciado en 2015 y «que ha sido exitoso y ha permitido curar a un porcentaje muy alto de pacientes». Se espera que para 2020, «se hayan tratado a todos los pacientes que tenemos en España».

Entedemos, ha concluido, que en pocos años llegaremos a la cura de una enfermedad que hasta hace poco no tenía curación.

Respecto a la financiación de los tratamientos, aclaró que habló más del aspecto clínico y no tanto el de la financiación. «Este debate debe ir incorporado para todas las enfermedades que son las que están disparando el gasto. Tenemos que afrontarlo de forma global todas las comunidades porque a la hora de negociar con las empresas farmaceúticas si lo hacemos de forma conjunta vamos a tener mejores resultados», señaló Almuiña.

La ministra señaló a la entrada del Pleno que este año se destinarían 200 millones de euros para costear esos tratamientos, menos que en 2015 y 2016, cuando se destinaron 1.600 millones, porque los precios de los fármacos habían bajado y porque ya se trataron 76.000 personas. Sin embargo, en opinión de José María Vergeles, consejero de Extremadura, esta cifra es insuficiente.

«También hemos llegado al acuerdo del registro de las enfermedades raras, lo que es muy importante porque determinará la importancia en volumen de los pacientes que tenemos en España y a partir de ahí ir ampliando la investigación para bucar tratamientos que curen estas enfermedades», señaló.

Por parte de Galicia, especificó, que se pidió que haya un reglamento para que los consejos tomen decisiones importantes como la hepatitis, un calendario infantil común y atender a los que nos piden los ciudadanos: un servicio con mayor equidad».

Además, adelantó que se designó a un vocal de Galicia (serán tres en total) para la elaboración de los protocolos y guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte de enfermeros.

Avanzadas algunas horas de la tarde, tomaron la palabra Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha que se quejó por la excesiva cantidad de puntos a tratar en el Consejo.

Por otro lado, reiteró el acuerdo de todas las comunidades respecto a ampliar el tratamiento de la hepatitis C. «Estamos de acuerdo con ampliar el tratamiento desde la fase 0 a la 4 pero seguimos insistiendo que sin financiación es imposible, no es posible que uno invite y nosotros tengamos que pagar, los medicamentos tienen que proporcionare con fondos exclusivos destinados para esto y con un precio adecuado», señaló Sanz.

Por otro lado, puso énfasis en derogación del Decreto 16/2012 porque, a su juicio, «la universalización de la asistencia es irrenunciable así como en recuperación de los fondos de cohesión».

Como novedades, aseguró que van a solicitar que las especialidades de urgencias e infecciosas sean una realidad en nuestro país y que en la política de precios participen todas las comunidades.

En cuanto a la prescripción de medicamentos por parte de los enfermeros, punto que no estaba contempleado en el orden del día, sino la designación de tres vocales para la elaboración de protocolos y guías para la prescripción, el consejero de Madrid, Sánchez Martos, aseguró que «hay conejeros que piden la derogación del decreto, pero algunas comunidades como Extremdura, Madrid, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla que pensamos que es mejor modificar que empezar de cero porque de lo contrario se eliminarían seis años trabajo. Por eso, coincidimos en que lo mejor es solo modificar el artículo 3.2 y para eso hemos pedido confianza en la ministra para resolverlo y tener un nuevo texto», concluyó Martos.

Más participación en la política de precios de los medicamentos

Por su parte, Marina Álvarez Benito, consejera andaluza, coincidió en el exceso de puntos que impiden «un abordaje como se merece».

Ademas, también mencionó el reglamento del punto 3, pospuesto por disconformidad de varias comunidades: «Se ha pospuesto para poder abordarlo forma más minuciosa y para que cuente con más aportación de las comunidades».

También coincidió en la necesidad de un fondo de inversión para hacer frente al tratamiento de los pacientes con hepatitis C.

«Otro tema es el de los pacientes con talidomida, Andalucía trabaja muy cercanamente con Avite, la asociación que los agrupa y ellos piden apoyo para ser reconocidos y compensados. En ese sentido, hemos aportado nuestra experiencia, tenemos un decreto que aporta un registro que se hizo efectivo a finales del año 2016 y llevamos 52 pacientes registrados que nos sirven de base para que sean tratados y puedan recibir la compensación que merecen».

También intervino Patricia Juana Gómez i Picard, que suscribió las declaraciones de los compañeros con los que dio la rueda de prensa respecto a la derogación del decreto 16/2012, la universalidad de la atención y la extensión de los contenidos del Consejo, así como la financiación de los medicamentos de la hepatitis C.

«Hemos echado en falta poder hablar de copago farmaceútico sobre todo para los pensionistas. También pedimos apoyo en lo que respecta a la financiación extraordinaria pero de todos los proyectos que lleve a cabo el Ministerio. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades infecciosas de alto riesgo hemos incorporado dos hospitles más pero la insularidad y tener que trasladar a estos pacientes en avión hace el coste mucho más elevado. Pedimos soporte económico para estos casos. Además recordamos que los niños con enfermedades ultraras no ven financiados todos sus tratamientos y por eso pedimos la revisión del copago para esas familias».

En cuanto a la prescripción enfermera, la consejera recordó que solo Baleares y Andalucía son las únicas que aprobaron un real decreto al respecto. «En 2011 estaba todo el sistema preparado, pero ese decreto fue suspendido y a lo que nosotros nos ha dolido más es que el recurso lo puso el propio Consejo de Enfermería y es por ese motivo que nos manifestamos en contra de los grupos de protocolo o la creación de guías, ya que puede estar bien en un marco autonómico pero no es una solución para resolver el problema real».

La consejera de La Rioja, María Martín Díez de Baldeón, dijo, por su parte, que se estaba avanzando y «aprobando prácticamente todo».

«Se han aprobado todos los puntos con criterio y unanimidad excepto el tres. Castilla y León también reclamó esa financiación de forma que no compute como déficit o través de fondos de cohesión», apuntó el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

«Invasión de competencias autonómicas»

Por otro lado, y antes del anuncio de la hepatitis C y en mitad de la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial de Salud, la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, el consejero de Extremadura, José María Vergeles y María Luis Real González, de Cantabria, se ausentaron del plano para hablar con los medios y rechazar el hecho de que las decisiones del pleno del Consejo se puedan adoptar con el voto de la Administración General del Estado, otorgando un «voto de calidad, de prioridad o mayoritario» al Gobierno.

«Salimos de la reunión, aunque en ningún momento los consejeros socialistas vamos a abandonar el foro, pero en el punto 3 se planteaba el reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo, que consideramos de máxima importancia si lo que queremos es velar por la cohesión del sistema. Ese punto acaba de ser rechazado mayoritariamente por la comunidades, tanto de signo socialista como de otro signo político. Llevábamos 14 meses sin Consejo Interterritorial y no se nos filtró de forma conveniente los puntos del día. Todos nos parecen importantes, pero faltan temas de enorme calado: la universalización de la atención sanitaria, la finanaciación del Sistema Nacional de Salud, el acceso justo a los medicamentos de la hepatitis C en lugar de una actualización del protocolo. El reglmento planteado por el Ministerio nos parece inaceptable porque invade competencias de los distintos estatutos de las autonomías y le da toda la potestad al Ministerio independientemente del objeto de la materia, por lo tanto, no podía aprobar ese reglamento», zanjó Vergeles.

La consejera cántabra, María Luisa Real, ha coincidido con Vergeles en lo que quedó pendiente abordar y ha criticado que los puntos del Consejo no habían estado preparados. Además, señaló que el Consejo Interterritorial «no puede ser considerado una reunión sectorial porque no fue así creado por la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud».

Carmen Montón, consejera de la Comunidad Valenciana, aludió a que el Consejo, tal como había sido plateado, era «una falta de respeto» para las comunidades. Además, considera que en el orden del día no han tenido cabida temas, a su juicio, importantes como la eliminación del copago, o violencia de género.

Tras el rechazo de las comunidades hacia parte del contenido de dicho reglamento, no se ha votado y la ministra se ha comprometido a devolver el documento a la Comisión delegada para que en el plazo de quince días haga una nueva redacción, según explicó el consejero de Sanidad madrileño, Jesús Sánchez Martos.

«La idea es debatir porque hay varias formas de llegar al consenso», según Sánchez Martos, quien se ha preguntado si «hay voluntad política para que todas las decisiones del Consejo, sea como sea la forma de votarlas, sean vinculantes».