El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, junto al presidente de la comisión, Teófilo de Luis, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para explicar las medidas para evitar más atropellos a ciclistas, dar cuenta de los últimos datos de siniestralidad e informar sobre la huelga de examinadores.
El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, junto al presidente de la comisión, Teófilo de Luis, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para explicar las medidas para evitar más atropellos a ciclistas, dar cuenta de los últimos datos de siniestralidad e informar sobre la huelga de examinadores. - EFE

El conflicto de los examinadores de tráfico se prolonga un mes más: todos los porqués del conflicto

Lejos de solucionarse, está enquistado. Es un «diálogo de besugos», como lo adjetivó Gregorio Serrano, responsable de Tráfico, la semana pasada en el Congreso

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¿Qué reclaman los examinadores?

El colectivo de 714 examinadores de tráfico, representado por la asociación Asextra, reclama una subida salarial a través de un complemento específico que supone 250 euros brutos al mes. El sueldo promedio de un examinador es de 1.200 euros netos al mes (si pertenece al subgrupo C2) y percibe cien euros más al mes en caso de pertenecer al subgrupo C1 de la función pública. Joaquín Murillo, presidente de Asextra, asegura que es la primera vez que un sector mantiene 4 meses de huelga, a razón de pérdidas de 62-65 euros por día, por lo que «el tiempo hace mella». El desgaste se está notando.

¿Habrá un punto de encuentro?

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, repite que la DGT no tiene competencias para solventar esta crisis, porque pertenece al Ministerio de Hacienda la subida específica de un complemento. Asextra recuerda que el propio Serrano tildó el aumento de «justo» y no entiende por qué no se quiere paliar el problema.

¿Por qué no se adoptan otras soluciones?

Como en la crisis de seguridad en el aeropuerto de El Prat, donde la Guardia Civil suplió el servicio que prestaban los trabajadores de Eulen, muchas son las voces que piden al Ministerio del Interior que adopte soluciones alternativas para acabar con el «tapón» de alumnos sin examinar. El Defensor del Pueblo urge a la DGT que adopte medidas presupuestarias que acaben con este tormento para la población.

¿Hasta cuándo durará?

Según Murillo, «el Gobierno dejará que el colectivo se desangre y tenga que abandonar el paro». «Ya advierto que con un cierre en falso del conflicto no se conseguirá nada», añade.