Las claves del decreto del catalán en la sanidad pública balear

El citado decreto, que fue aprobado el 23 de marzo por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de MÉS y Podemos, regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos —por ejemplo de radiodiagnóstico— y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña. El decreto establece, en su versión definitiva, que se podrá presentar a las futuras oposiciones cualquier profesional sanitario , aunque no tenga hoy la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral. Esa regla valdrá también para los celadores, aunque en sentido estricto no pertenecen realmente al ámbito sanitario.

El nivel de conocimiento del catalán fijado finalmente por la Consejería de Salud para médicos, enfermeros y técnicos es el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores es el A2 o básico. La preceptiva titulación lingüística podrá conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que superó las oposiciones no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponde, no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Estas dos penalizaciones laborales han sido especialmente criticadas por quienes cuestionan o se oponen al decreto del catalán, al entender que podrían vulnerar la ley.

Las condiciones fijadas por el Govern para los profesionales no sanitarios que deseen presentarse a las futuras oposiciones en el Servicio de Salud son distintas a las establecidas para médicos y enfermeros . En ese sentido, los profesionales no sanitarios que quieran inscribirse en la próxima convocatoria deberán acreditar previamente la titulación lingüística exigida para cada rango laboral. Así, por ejemplo, un aspirante a ocupar una plaza de auxiliar administrativo deberá contar con el ya citado nivel B1 para tener derecho a poder presentarse a las futuras oposiciones, mientras que un candidato a administrativo deberá poseer el nivel B2 o intermedio.

En ese contexto, cabe recordar que el Servicio de Salud tiene previsto ofertar un total de 4.658 plazas en las oposiciones que se celebrarán entre 2018 y 2019 para cubrir distintos puestos en todas las categorías profesionales. Los primeros exámenes se celebrarán a partir de septiembre, para las categorías de auxiliares de enfermería y de administrativos. Precisamente, la inminencia de las oposiciones provocó que el Govern decidiera hace un mes convocar de forma extraordinaria unas pruebas de catalán —de los niveles B1 y B2— para el personal que depende del Servicio de Salud. Pudieron presentarse a dichas pruebas lingüísticas médicos, enfermeros y administrativos.

Las citadas pruebas se realizaron a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), que hace unos días hizo públicas las listas de las calificaciones obtenidas por quienes realizaron el examen escrito. En total, se presentaron 114 personas. De ellas, 82 no superaron las pruebas, lo que representa un 72 por cien del total. Si se hace un desglose, las personas que se presentaron al examen escrito del nivel B1 fueron 28, de las cuales suspendieron 21, lo que supone un 75 por cien. Para el examen escrito del nivel B2 se presentaron 86 personas, de las cuales 61 no aprobaron, lo que representa el 71 por cien. Las respectivas pruebas orales para quienes superaron el examen escrito se celebrarán los días 3 y 4 de mayo.

Las consecuencias de haber suspendido ahora las pruebas de catalán convocadas por la EBAP no serán las mismas para un médico que para un administrativo, ya que el primero podrá presentarse en cualquier caso a las futuras oposiciones, mientras que el segundo no podrá hacerlo hasta que no obtenga la titulación lingüística requerida.

Cabe recordar que el primer borrador del decreto del catalán fue pactado a mediados del pasado año por el PSOE y por MÉS. En ese texto originario, se había fijado el idioma cooficial como requisito para poder presentarse a oposiciones y al mismo tiempo se exigía el nivel B2 para médicos y enfermeros. Ese borrador fue finalmente desechado por Armengol, quien a principios de este año logró convencer a sus socios ecosoberanistas de la necesidad de rebajar las exigencias lingüísticas previstas inicialmente.

Aun así, tanto la versión primera como la definitiva del decreto han suscitado y siguen suscitando fuertes críticas desde diversos ámbitos. Así, por una parte han venido reiterando su oposición a la nueva norma lingüística el PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), CSIF, diversas asociaciones de pacientes y la plataforma ciudadana Mos Movem, que consideran que el catalán debería ser un mérito y no un requisito en la sanidad. Al mismo tiempo, desde entidades próximas al independentismo, como por ejemplo la Obra Cultural Balear o la Plataforma por la Lengua, se ha criticado a Armengol por haber decidido finalmente no aprobar el primer borrador del decreto.

Por otro lado, Simebal estima que se han ido de las Islas una veintena de especialistas médicos desde que se inició la actual controversia lingüística, cuyos orígenes se remontan al verano del pasado año. Además, tanto Simebal como CSIF están expresando de manera reiterada su preocupación por el hecho de que haya dificultades tanto para poder sustituir a los médicos que ya se han ido de la Comunidad como para cubrir determinadas plazas de especialistas en los hospitales de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

En respuesta a esas críticas, el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, negó el pasado jueves «rotundamente» que en estos momentos haya fuga de médicos en el Archipiélago por el decreto del catalán. Para Fuster, quien justifica ahora su marcha diciendo que se va porque se le exige la lengua cooficial, «simplemente está mintiendo». El director general añadió que ahora mismo el catalán «no se pide ni para estar en la bolsa de trabajo ni para presentarse a unas oposiciones» y recalcó que la movilidad geográfica habría sido una constante en la sanidad pública balear incluso desde antes de la aprobación del mencionado decreto.