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Cinco mil niños más tendrán el valenciano como lengua base el próximo curso

Valencia desafía a la justicia al trasladar el modelo de inmersión lingüística catalán

MADRIDActualizado:

El tripartito de izquierdas que gobierna la Comunidad Valenciana ha lanzado una ofensiva para intensificar el uso del valenciano en los centros escolares. Dos son los frentes que ha abierto en los últimos meses. Esta semana, salvo sorpresa de última hora, el Ejecutivo que integran PSPV-PSOE y Compromís sacará adelante en el Parlamento valenciano una Proposición de Ley. Esta iniciativa, entre otras polémicas decisiones, quiere dejar un mínimo de un 25 por ciento de castellano en los centros. Ello supone trasladar el modelo catalán a Valencia, lo que ha indignado al Grupo Popular, cuya portavoz de Educación, Beatriz Gasco, asegura que, «de un plumazo, se quieren equiparar 30 años de normalización lingüística en Cataluña con Valencia. En Cataluña la lengua es obligatoria, según su Estatuto de Autonomía, cosa que nuestro estatuto dice que es un derecho, pero no una obligación conocerla».

El segundo frente para conseguir cada vez más valenciano en los colegios se ha abierto con los Presupuestos Generales del Estado. Así, en uno de sus enunciados, el Ejecutivo valenciano se marca como objetivo que en 2018 el número de centros que aplican un programa lingüístico de enseñanza en el que la lengua base es el valenciano sea de 1.256, doscientos más que las 1.059 que hay en la actualidad. Ello supondría, según la parlamentaria popular, que unos cinco mil niños y niñas más realizarían gran parte de sus estudios en valenciano. Tomando como base estas previsiones, la dirigente popular señala que «si seguimos esta evolución, en dos años no quedará ningún niño estudiando en castellano».

Previsiblemente, esta semana el tripartito de izquierdas que gobierna en Valencia hará el último intento por implantar su modelo lingüístico. Supone un desafío a la Justicia y al Gobierno central. Sobre todo teniendo en cuenta el fracaso del decreto de plurilingüismo, aprobado el pasado enero.

La norma, que acumulaba nueve recursos, fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antes de que pudiera incluso aplicarse este curso. Ésta incluía tres niveles lingüísticos: básico, intermedio y avanzado. El primero tenía el castellano como lengua vehicular y el avanzado, el valenciano. El problema vino a la hora de establecer las horas de docencia en inglés porque quienes optaban por estudiar en castellano se les penalizaba con un nivel menor de inglés.

Agravio comparativo

Aunque desde la Conselleria siempre defendieron que se mantenía la libertad de elección de las familias, los tribunales entendieron que existía un claro agravio comparativo en perjuicio del castellano.

Tras este varapalo judicial, el Gobierno valenciano decidió dar carpetazo al decreto e impulsar una nueva ley. En ella, la Administración no determina qué asignaturas deben vehicularse en cada lengua, sino que lo hacen los centros. Los requisitos son cumplir con un mínimo del 25% para castellano, un 25% para valenciano, y entre un 15% y un 25% para inglés. Esto supondría que el valenciano podría tener una presencia del 50%, mientras que el inglés no puede superar el 25%.

La nueva norma, además, blinda las líneas en valenciano que en 2012 aprobó el PP, donde más de la mitad de asignaturas se impartían en la lengua propia. Esto significa que aquellos centros que tengan autorizado este programa en el momento de entrada en vigor de la nueva ley deberán establecer un porcentaje vehicular en valenciano igual o superior al que tienen autorizado. En definitiva, que no se puede producir un retroceso en la presencia del valenciano.

Este hecho viene reflejado precisamente que en los Presupuestos de la Generalitat para 2018. En ellos, los centros que aplican ese programa en el que la lengua base es el valenciano pasan de 1.059 en 2017 a 1.256 en 2018. Un aumento de 200 centros que afectaría a unos 5.000 alumnos, según ha denunciado el PP.

Este decreto ley también ha sido cuestionado por el Gobierno central. De hecho, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, anunció recientemente una comisión para estudiar la constitucionalidad de la norma.