Baleares retrasa «sine die» la aprobación del decreto que exigirá el catalán a médicos y enfermeros

El borrador del controvertido decreto fue aprobado inicialmente en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre del pasado año, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser solo un mérito, anunciaron que impugnarían el mencionado decreto cuando entrase en vigor. La portavoz del Govern no ha adelantado este mediodía una posible fecha de aprobación definitiva del documento , si bien ha garantizado que, en cualquier caso, se convocarán las oposiciones previstas para este año y también para el próximo en la sanidad pública.

Por otra parte, también este viernes el presidente del movimiento ciudadano Valores en Baleares, Juan José Tenorio, ha registrado en el Parlamento regional una proposición no de ley en la que se pide que los partidos políticos insten al Govern a que «impulse la paralización del decreto del catalán» . Dicha propuesta está avalada por la firma de unas 36.000 personas . «Esto es una prueba de que la política la puede hacer cualquier ciudadano», ha explicado Tenorio a ABC.

Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como con el aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca. La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán ha sido siempre más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. De hecho, el pasado verano el Servicio de Salud había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento de dicha lengua a médicos, enfermeros y farmacéuticos. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción del mencionado decreto, cuya aprobación se está demorando ahora, entre otras causas, por las divergencias que mantienen ambas formaciones sobre el requisito del catalán.

La futura norma autonómica establece, en su actual redacción, que la lengua catalana será un requisito para auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. Los auxiliares deberán acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública. Los únicos trámites legales que quedan aún pendientes y que se están retrasando desde hace meses son el envío del documento al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen —no vinculante— y su aprobación por parte del Gobierno balear.

El citado decreto fija, en cualquier caso, varias excepciones. Una de ellas establece que cuando haya menos aspirantes que plazas a cubrir, no se exigirá el conocimiento del catalán . Aun así, quienes finalmente consigan una plaza en esas circunstancias tendrán que acreditar, en un plazo máximo de dos años, el nivel de catalán inicialmente requerido en sus respectivas convocatorias. En caso de que esa acreditación idiomática finalmente no se produzca, habrá una «penalización» para dichos profesionales sanitarios. En concreto, se les impedirá participar en los posibles traslados que se convoquen .

A la espera de la aprobación del mencionado decreto, de momento sigue rigiendo lo establecido por la Ley de la Función Pública, como ha recordado este viernes la portavoz del Gobierno balear. La citada ley es algo más flexible en materia lingüística que el polémico decreto. Ello ha permitido que recientemente el Servicio de Salud de Baleares haya podido eximir del conocimiento del catalán a ocho jefes de servicio del Hospital de Son Espases, ubicado en Palma. Una decisión en esa misma línea se había producido ya en diciembre en el Hospital de Can Misses , en Ibiza, cuando el requisito del catalán quedó excluido en la convocatoria para cubrir ocho plazas en Urgencias. Igual ocurrió hace dos meses en el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, que publicó una convocatoria para cubrir tres plazas de jefe de servicio con idéntica exención.

En estas últimas semanas, el PSOE balear y MÉS por Mallorca están volviendo a evidenciar sus recurrentes discrepancias con respecto al futuro decreto. Desde la Consejería de Salud, que está en manos de los socialistas, se aboga hoy mayoritariamente por flexibilizar un poco las condiciones fijadas en el borrador del citado documento, mientras que los ecosoberanistas quieren que se apruebe lo antes posible y que además entre en vigor sin cambios. Por lo que respecta a los dos principales partidos de la oposición, el PP y Cs, ambos han venido expresando de manera reiterada su rechazo al nuevo decreto lingüístico.

En este contexto de divergencias políticas, el sindicato de enfermería Satse de Baleares confirmó el pasado mes de diciembre la marcha de decenas de enfermeras de Ibiza ante la inminente aprobación del citado documento . Fue también en diciembre cuando unas 2.000 personas participaron en Mahón, capital de Menorca, en la manifestación convocada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha) bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas . Por una sanidad sin fronteras lingüísticas». Para el próximo 18 de febrero está convocada otra movilización por parte de Mos Movem en esa misma línea, que en este caso se celebrará en Palma.

Por su parte, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares y la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) emitieron el pasado martes un comunicado conjunto para manifestar que sus socios, que padecen enfermedades crónicas, estaban «muy preocupados y muy alarmados ante la imposición de la acreditación lingüística como requisito en la sanidad». Ambas entidades, que reúnen a más de 1.700 miembros en total, rechazaron que «se imponga un requisito que haga todavía más difícil y complicado configurar los servicios como se precisa».