Interior de una clase en un centro escolar en Cataluña
Interior de una clase en un centro escolar en Cataluña - Inés Baucells
Hostigamiento al castellano en las autonomías

El Ayuntamiento de Casteldefells margina a las familias que pidan educación en castellano

Denuncian «acoso municipal» al español en Cataluña, mientras en otras regiones, como la vasca, solo se impulsa el uso del euskera en las aulas

MadridActualizado:123456
  1. Una demanda que comenzó en 2015

    Interior de una clase en un centro escolar en Cataluña
    Interior de una clase en un centro escolar en Cataluña - Inés Baucells

    Las alarmas saltaron en septiembre de 2015 con el denominado caso de Balaguer (Lérida), donde una familia que pedía más enseñanza en castellano para sus dos hijos fue víctima de una campaña de acoso público que le obligó a cerrar su negocio y a escolarizar a sus dos pequeños en un centro a 30 km, como avanzó ABC en su edición del 7 de abril de 2016. El caso, que llegó al Defensor del Pueblo catalán, generó especial polémica porque se apuntó, por primera vez, a las autoridades políticas como responsables, en parte, del hostigamiento a estas familias. Representantes de varias formaciones políticas (CDC, Unió, ERC, la CUP y PSC) secundaron una masiva protesta convocada por los padres del colegio Gaspar de Portolà en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) -de junio de 2015- que ordenaba impartir el 25% de las clases en castellano en las aulas de los dos alumnos afectados. Además, se acusó a los responsables del colegio y a la propia consejería de Enseñanza de «filtrar los datos de las familias», lo que permitió el acoso. La Generalitat negó en todo momento su implicación en el conflicto.

    Ahora, un escrito publicado en la revista digital del Ayuntamiento de Castelldefels, localidad en la que una treintena de familias del colegio Josep Guinovart han reclamado también escuela bilingüe para sus hijos, da fe, de nuevo, de que el acoso a estos padres no es solo por parte de la comunidad educativa. «Es la primera vez que un gobierno, en este caso local, se posiciona tan explícitamente contra las familias que reclaman esta opción para sus hijos. Siempre hemos denunciado que el conflicto lingüístico está politizado. Ésta es una prueba fehaciente de que es así», denuncia en declaraciones a ABC Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha amparado y asesorado a estos padres en su proceso reivindicativo.

    En el escrito, consultado por ABC, el Ayuntamiento, a través de su revista, defiende abiertamente el actual modelo de inmersión educativa y «se pone al lado de las familias del colegio afectadas por la rotura del proyecto inclusivo en catalán». «Lo que está diciendo implicitamente es que no apoya a los otros padres que, amparados por la ley y la Constitución, han pedido más castellano para sus hijos», precisa Losada.

    Veinte familias avaladas

    El Consistorio recuerda que en base a diferentes fallos judiciales, el centro está obligado a impartir el próximo curso «como mínimo el 25 por ciento de las clases en castellano en la mitad de las aulas». De hecho, de las 30 familias que reclamaron judicialmente ese derecho, una veintena ya han sido avaladas por la justicia. «Eso significa que todos los cursos excepto P3 y sexto de Primaria tienen alumnos afectados y tendrán que impartir más castellano», precisa la portavoz de la AEB.

    El Ayuntamiento cuestiona también la actual ley educativa vigente (Lomce). «La sentencia tiene su marco legal en la Lomce, conocida popularmente como ‘Ley Wert’, que establece que el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y que la Generalitat debe asumir el coste de escolarizar en castellano a los alumnos cuyas familias lo hayan pedido. Esta ley del gobierno del PP provocó un gran rechazo en muchas capas de la sociedad, no sólo en la comunidad educativa», apunta la noticia municipal.

    Desde que empezarom a llover las sentencias judiciales en el colegio de Castelldefels, en noviembre de 2016, «estas familias han sufrido continuas e inaceptables presiones por parte de la dirección del centro, del Ayuntamiento, del sindicato Ustec y de la entidad Somescola», afirma Ana Losada. «La directora y la jefa de estudios han fomentado el enfrentamiento entre las familias, al mostrar su oposición a la sentencia del TSJC y al animar a otros padres a organizarse y a protestar». El Ayuntamiento de Castelldefels fue arrebatado al PP en las últimas elecciones y pasó a manos del PSC, Movem Castelldefels (ICV-EUiA), ERC y Castelldefels Sí Pot, que llegaron a un acuerdo para formar gobierno. La que fue concejal de educación durante años en este consistorio, es según denuncia la AEB, la que «ha orquestado el movimiento contra estas familias desde la asociación de padres».

    Pese a la lluvia de fallos a favor de estas familias, la postura de la consejería ha sido siempre la misma. «Se escudan en que la Ley Educativa Catalana (LEC) blinda la inmersión y en que, según ellos, ya se están aplicando en este curso 206-2017 las medidas cautelares impuestas por el alto tribunal catalán», aseguran a este diario algunas madres afectadas por las sentencias.

    Los defensores del bilingüismo no están de acuerdo en cómo se han estado aplicando los fallos y llevan meses denunciando ante la justicia y las autoridades educativas «el cumplimiento a medias de los fallos». Según ha podido saber ABC, finalmente el colegio ha optado por una decisión más global y establecerá doble línea el próximo curso 2017-2018.

    Doble línea en 2017-18

    Así lo reconoce en una nota que ha colgado en algunas aulas del colegio, a la que ha tenido acceso este diario. En ella (hay varias, una por curso) se establecen dos grupos de alumnos por cada curso distinguiendo entre los que piden o han pedido escolarización en castellano y los que no. La AEB reconoce que es un paso hacia adelante, aunque no la opción óptima, ya que puede «ser discriminatoria» y causar «segregación», informa Esther Armora.

  2. Con el tripartito balear el catalán vuelve a ser preponderante

    El tripartito que gobierna ahora en Baleares, bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol, ha ido derogando en los dos últimos años todas las medidas en favor de la igualdad del castellano y del catalán que impulsó en la pasada legislatura el popular José Ramón Bauzá. Así, por decisión del PSOE, MÉS y Podemos, el catalán ha vuelto a ser un requisito, en lugar de sólo un mérito, para poder ser funcionario en la Comunidad.

    Además, con el tripartito se ha derogado el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), controvertido decreto aprobado por el PP que preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los colegios, con el inglés como tercera lengua. El TIL hubiera supuesto en la práctica el fin de la inmersión lingüística en catalán. En la actualidad, la enseñanza de las asignaturas en Educación Primaria y Secundaria vuelve a ser de manera mayoritaria en lengua catalana.

    Por lo que respecta a la radiotelevisión pública balear, IB3, en los noticiarios sólo se utiliza ahora el denominado catalán estándar. En la pasada legislatura, en cambio, se empezaron a utilizar en los informativos las modalidades insulares de la lengua catalana. En cuanto a las películas, se han vuelto a programar en IB3 filmes doblados en Cataluña en ese mismo catalán estándar, que no tiene en cuenta las modalidades lingüísticas isleñas, informa Josep María Aguiló.

  3. Valencia: un modelo encallado en los tribunales

    La decisión del Gobierno valenciano -gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís- de arrinconar el uso del castellano en la educación pública se ha topado con los tribunales. Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la suspensión cautelar del conocido como Decreto de Plurilngüismo que establece el modelo en la enseñanza no universitaria para evitar un «perjuicio irreparable» para los alumnos que se decanten por las líneas en castellano. La Generalitat, que perdió el recurso presentado, ha anunciado que llevará el litigio ante el Tribunal Supremo.

    Un informe de la Alta Inspección Educativa del Ministerio ya alertaba de que el modelo «podría no ajustarse al orden constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Valenciana y constituir fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias».

    El documento sostiene que el decreto resulta «discriminatorio» por el hecho de que «no se permita a los alumnos de niveles inferiores -aquellos que optan por líneas en castellano- obtener la acreditación en inglés y valenciano, al recogerse la diferenciación en la obtención» de las citadas certificaciones.

    Otro decreto, en este caso el que regula el uso de las lenguas en la Administración, lleva el mismo camino de encallar en los tribunales. Ayer, de hecho, el PP anunció la presentación de un recurso al entender que la norma «margina y excluye» al castellano y además podría dictaminarse nulidad en los actos administrativos si finalmente se considera que hay partes del decreto nulas.

    La norma, aprobada el pasado mes de mayo, establece que los funcionarios de la Generalitat deberán iniciar la atención al público siempre en valenciano y elimina el castellano como lengua propia de la Administración autonómica, informa Alberto Caparrós.

  4. Navavarra y País Vasco: 105 millones para fomentar el euskera

    A lo largo de las tres últimas décadas, el Ejecutivo vasco ha destinado más de 2.000 millones de euros al impulso del euskera, una lengua que, según la propia Unesco, se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a la escasez de vascoparlantes. De hecho, los últimos datos recogidos por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) reflejan que el idioma solo se habla regularmente en dos de cada diez hogares, lo que supone un incremento de apenas 2,3 puntos desde 1991. Tampoco es común que los ciudadanos del territorio lo utilicen para hablar con sus hijos (22,9%), sus amigos (21,4%) o sus compañeros de trabajo (25,3%).

    A pesar de todo, la administración vasca sí ha conseguido expandir el euskera entre su funcionariado. En 2016 invirtió casi cuatro millones de euros en enseñar el idioma a sus trabajadores públicos, de los cuales la mayor parte -2,8 millones- fueron a parar al servicio de Salud (Osakidetza). Este año, sin ir más lejos, el Gobierno ha incluido en los Presupuestos una partida de 105 millones de euros al fomento del vasco en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

    A pesar de que se utiliza poco, a lo largo de los últimos 25 años el número de personas que saben hablar euskera no ha dejado de crecer. Si se incluye a Navarra e Iparralde, la tasa de vascoparlantes ha crecido un 28,4% entre los mayores de 16 años, según se desprende de la VI Encuesta Sociolingüística, que constata sin embargo que los que hacen un uso intensivo del idioma representan un porcentaje muy minoritario (16,5%), informa Adrián Mateos.

  5. Aragón lanza su nueva estrategia «trilingüe»: castellano, fabla y catalán

    La cuestión lingüística lleva años generando tensión en la política aragonesa. En esta región perviven dos lenguas propias minoritarias: la fabla, originaria del Pirineo; y el popularmente llamado «chapurreau», una suerte de aragonés catalanizado o catalán de Aragón.

    En 2009, el PSOE de Marcelino Iglesias aprobó la primera Ley de Lenguas; cuando llegó al poder el PP de Luisa Fernanda Rudi la derogó y aprobó otra distinta. Ahora, el Gobierno PSOE-Chunta va a derogar la ley de Rudi y aprobar otra para lanzar una estrategia trilingüe reforzada, también en el ámbito educativo. Además, ha reservado 15.000 euros para crear la Academia Aragonesa de la Lengua, que contará a su vez con dos institutos, uno para regular el aragonés y otro para el «catalán de Aragón», informa Roberto Pérez.

  6. Una partida estable de 7 millones de euros

    Lejos de los presupuestos destinados a la normalización lingüística por el último Gobierno Fraga y durante el bipartito de PSdeG y BNG, la partida se mantiene estable en los últimos años en el entorno de los 7 millones.

    La distribución de pesos de las lenguas en la enseñanza se rige por el conocido como decreto del plurilingüismo, que en 2010 reguló el reparto de materias en cada lengua y derogó la norma de 2007, orientada a garantizar un conocimiento amplio del gallego, sin mínimos reservados para el español.