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La ley que impide el «fracking», aprobada en el Parlamento vasco

La norma ha salido adelante con el voto favorable de PSE, PP y Bildu. Rechazada la moratoria de cinco años que planteaba el PNV

Imagen de archivo de una sesión del Parlamento vasco
Imagen de archivo de una sesión del Parlamento vasco - efe
p.pazos - Vitoria - Actualizado: Guardado en: Sociedad

El Parlamento vasco ha aprobado la ley que impide el «fracking», la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos del subsuelo, con los votos a favor de PSE, PP y Bildu, y la abstención de PNV y UPyD, al grueso de la norma. Su andadura en la cámara de Vitoria arrancó en diciembre del año pasado, a raíz de una iniciativa legislativa popular, respaldada por más de 100.00 firmas, que solicitaba la prohibición de esta técnica.

La norma, sin embargo, se ha modificado para no recoger una prohibición genérica, como la que contemplaba la ILP, y no incurrir así en un problema de inconstitucionalidad. Otras autonomías se encontraron con el rechazo del Tribunal Constitucional en sus normas por incluir dicha prohibición. Lo que hace la ley vasca, en la práctica, es elevar los requisitos medioambientales hasta tal punto que, de facto, el «fracking» no podrá llevarse a cabo en esta comunidad autónoma.

La ley que acaba de ser aprobada recoge una reforma de la Ley del Suelo para impedir esta práctica en suelo no urbanizable y la Ley de aguas para no permitirla en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. Además, recoge la exigencia de acometer una evaluación de impacto medioambiental estratégica, y no pozo a pozo. Este último punto está recogido en la Ley de Protección del Medio Ambiente promovida por el Gobierno central.

Como estaba previsto, los grupos han rechazado la moratoria de cinco años que solicitaba el PNV, que será el encargado de aplicar la norma desde el Gobierno autonómico. «Nos dicen que la moratoria propicia más inseguridad jurídica con el Estado. Nuestra moratoria habría completado muy bien esta ley. Se podría haber hecho algo más», ha lamentado el nacionalista Javier Carro.

«El modelo del PNV es el oscurantismo»

«No entendemos por qué necesitan introducir una moratoria que pueden hacer de facto», ha rebatido al PNV la parlamentaria del PP Mari Carmen López de Ocariz. «¿Qué modelo plantea el PNV? Es absurdo, realmente absurdo. Su modelo es el ocultismo, no dar información, la falta de transparencia», ha incidido.

«Siempre hemos rechazado el perverso dilema fracking no, fracking sí», ha añadido la representante del PP. «Hemos mostrado nuestra preocupación por cómo se regulaba esta actividad. Siempre hemos apostado por explotar los recursos a nuestro alcance pero no de cualquier manera. Es necesario proteger las zonas más sensibles».

Desde el PSE, Natalia Rojo ha subrayado que «hoy tenemos una ley segura para el medio ambiente, segura jurídicamente. Sabíamos que una prohibición genérica nos llevaba a los tribunales al día siguiente». «Todos hemos cedido», ha afirmado, para dar pie a una «ley que se aleja de obsesiones partidistas».

Gorka Maneiro, de UPyD, ha explicado que se ha abstenido porqu en su formación «no defendemos la prohibición total del fracking», sino que «se prohíba allí donde su uso implique un riesgo elevado». «El fracking puede ser pasado», se ha felicitado Dani Maeztu, de Bildu.

Satisfacción de la plataforma

«Estamos contentos», ha indicado tras la votación Mikel Otero, portavoz de la plataforma impulsora de la iniciativa popular 'Fracking Ez'», «porque se acaba de aprobar una ley que va a poner unas auténticas trabas al fracking».

«De todos modos permaneceremos vigilantes, porque este muro de contención que se ha creado hoy habrá quien tenga tentación de buscarle fisuras, de darle la vuelta, las leyes pueden cambiar, los partidos políticos pueden ir modificando sus posturas», ha advertido.

Custodia compartida

La cámara de Vitoria también ha aprobado una segunda ley, la que regulará la custodia compartida en los casos de separación y divorcio de parejas con hijos menores. La norma ha salido adelante con los votos a favor de PP, PNV y UPyD, el voto en contra de Bildu y la abstención -aunque ha rechazado varios puntos- del PSE.

La ley deja en manos de los jueces el decidir si otorgan la custodia compartida o solo a uno de los cónyuges, siempre que alguno de ellos así lo solicite. Además, se ha introducido una enmienda por la que se aplicará a la revision judicial de los convenios y medidas judiciales adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de a nueva ley, si el Ministerio Fiscal o alguna de las partes solicitan que se aplique y el juez estima que se dan las circunstancias para ello.

Esta norma también se impulsó a raíz de una iniciativa legislativa popular, que recogió 85.000 firmas. Una de las asociaciones que impulsaron la medida, La Terraza, ha lamentado que «el texto aprobado no defiende con contundencia y claridad el interés de los menores», al no fjar como opción preferente, con carácter general, la custodia compartida, como ellos reclamaban.

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