Hazte premium Hazte premium

caso romanones

Dos agentes judiciales notifican personalmente al arzobispo de Granada el ultimátum del juez

El documento da un plazo de tres días a monseñor Martínez para que facilite los documentos requeridos del caso Romanones

rita m. marín

Un par de funcionarios judiciales del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada han entregado en el Arzobispado de Granada la documentación del auto emitido hace dos días por el responsable de la instrucción del caso Romanones , el juez Antonio Moreno, para que monseñor Francisco Javier Martínez entregue, en un plazo de tres días, toda la documentación que obre en su poder relativa a este proceso.

Desde el juzgado se solicitan los informes sobre las entrevistas mantenidas con los imputados que, en este caso, están vinculados directamente con la Iglesia, y son diez sacerdotes, otras dos personas más que son laicos, uno de ellos profesor de Religión apartado de sus funciones.

Esta no es la primera ocasión en la que el juzgado emite avisos para el arzobispo , que hasta el momento los ha obviado, asegurando que en este caso de supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores, «hay que consultar al Vaticano para ver cómo se conjugan los ámbitos judiciales y eclesiásticos».

Sin embargo, ahora han sido dos funcionarios los que se han personado en el Arzobispado, los que han hecho entrega personal de estos documentos. Se trata de dos agentes llamados de auxilio judicial, que aunque tienen estatus de autoridad pública, no pueden asumir las competencias de un investigador policial.

Por su parte, desde el Arzobispado se remite al último comunicado que emitió sobre el caso, en el que ya informaba de que se había respondido a este requerimiento, asegurando que dependía de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

La investigación, en manos del Vaticano

«Tendré que consultar con mis superiores», esgrimía monseñor Martínez, que además recordaba que incluso se había llegado a ofrecer como «intermediario ante el Vaticano», insistiendo de forma vehemente en que la investigación canónica está en «manos de la Santa Sede».

Antes de que se llegase a «este extremo» de imponer un plazo de tres días para la recepción de la documentación completa, el arzobispo había aclarado al juez que según la legislación canónica, era la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano , la «única instancia y tribunal eclesial competente para determinar las posibles responsabilidades canónicas.

Así pues, el prelado granadino determina que él «no pretende eludir la acción de la justicia», pero que esta congregación del Vaticano es la que posee toda la documentación requerida y la que debería autorizar su traslado a una instancia civil.

Esta postura, sin embargo, contrasta con la del juez Moreno, que advirtió que solicitar esta documentación, refiriéndose a declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes es «lícito y pertinente».

En la causa, cuya investigación comenzó en octubre de 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares, aunque el principal imputado y considerado el cabecilla de "los Romanones", el padre Román, es el único contra el que actualmente continúan las actuaciones judiciales.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación