medio ambiente

El Gobierno recurre el plan de la Junta de Andalucía para reabrir Aznalcóllar

El Ejecutivo de Susana Díaz califica la medida de «traición» del Gobierno de Rajoy, los ecologistas la aplauden y el alcalde, de IU, avisa de que el pueblo no se quedará «callado»

Mina de Aznalcóllar, en Sevilla
Mina de Aznalcóllar, en Sevilla - abc
j. c. - Sevilla - Actualizado: Guardado en: Sociedad

El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 9/2013, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que permanece inactiva después de sufrir, en abril de 1998, la rotura de una balsa de lodos tóxicos que al precipitarse sobre los ríos Agrio y Guadiamar, contaminaron el entorno del Parque Nacional de Doñana. Además, según consta en las referencias publicadas tras el Consejo de Ministros, el Gobierno realizará una invocación expresa del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de que se produzca la suspensión de la normativa andaluza.

El Decreto Ley reserva a la Junta de Andalucía la actividad extractiva en el complejo minero de Aznalcóllar y dirige un mandato a la Administración autonómica para que las actividades extractivas de explotación se adjudiquen mediante concurso.

El Gobierno, informa Europa Press, considera que el mencionado decreto ley es inconstitucional, ya que las facultades que recoge la norma corresponden exclusivamente al Estado, según la Ley de Minas de 1973, que le atribuye la facultad de reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio en las que el aprovechamiento de recursos minerales pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional. Así, mantiene que se trata de una facultad del Estado como titular de los bienes del dominio minero, no traspasada a las comunidades autónomas por la relevancia de tales recursos económicos para el interés general.

Además, el Consejo de Ministros adoptó otro acuerdo por el que se solicita el planteamiento de un conflicto positivo de competencias contra la Resolución del 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de Andalucía, por la que se convoca concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos minerales existentes en la reserva minera de Aznalcóllar. Los argumentos del conflicto son idénticos al recurso de inconstitucionalidad en la medida que se dicta en ejecución del Decreto Ley objeto de recurso.

Reacciones

La Junta advirtió ayer en un comunicado que la decisión del Gobierno «puede representar en la práctica el final del proyecto de reapertura de la mina», por cuanto la impugnación suspende el concurso hasta que se pronuncie el Constitucional, y en el caso de que el Tribunal levante la suspensión, difícilmente se presentarán ofertas ante la inseguridad jurídica existente.

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, consideró la decisión del Consejo de Ministros una «auténtica traición» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se mostró «profundamente indignado» por la utilización de una ley «franquista» para impugnar una normativa aprobada por el Parlamento de Andalucía por unanimidad.

El alcalde de Aznalcóllar, Agapito Ramírez (IU) criticó también duramente el recurso de inconstitucionalidad. «Nos ha sentado -dijo- como un jarro de agua fría. Esta comarca está totalmente deprimida y la tasa de paro supera el 30 por ciento en Aznalcóllar, y el pueblo no se va a quedar callado»

A su vez, el secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, apuntó que la decisión del Gobierno central no obedece más que a una estrategia de ataque continuo» a la Comunidad. En un comunicado, Pradas afirmó que «la única lógica que hay tras este recurso de inconstitucionalidad es la lógica de quienes se empeñan en poner la zancadilla al crecimiento económico de nuestra tierra. Cueste lo que cueste y, por supuesto, siempre por encima del interés general del pueblo». Para Ecologistas en Acción, el decreto de la Junta es «una metedura de pata jurídica» que pasará a los anales de la historia de la minería, por cuanto la Junta se arrogaba «independencia total de lo legislado», por cuanto es el Estado el dueño del subsuelo y la Junta no puede decir lo contrario.

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