reforma de la ley
Providas y abortistas, «unidos» contra la lista de enfermedades que decidirá un aborto
Todos contra el Gobierno: unos ven discriminatorio que decida las anomalías con las que se puede abortar y otros defienden el derecho de la mujer a decidir
La nueva ley del aborto que prepara el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón puso ayer de acuerdo contra todo pronóstico a las asociaciones provida y a los defensores del aborto libre. Ni unos ni otros están de acuerdo con que la nueva normativa, como adelantó ABC, fije qué tipo de malformaciones incompatibles con la vida serán causa legal suficiente para abortar. Sus razones, sin embargo, son bien distintas.
El presidente del Foro Español de la Familia (FEF) , Benigno Blanco, recordó que permitir la práctica del aborto en fetos con malformaciones es contrario a la Convención Internacional de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. «El ministro dijo claramente que se pasaría de una ley de plazos a una de supuestos, pero que desaparecería el tercer supuesto que contemplaba la ley de 1985 porque no se puede discriminar por enfermedad o discapacidad», explicó. Aquella normativa que despenalizó por primera vez el aborto en España permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que se «presumiera que el feto pudiera nacer con graves taras físicas o psíquicas».
Veintidós años después, en diciembre de 2007 —durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero—, España ratificó la Convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad por la que los Estados firmantes se comprometían expresamente a «tomar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho a la vida de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás».
En julio de 2010, el Gobierno socialista promulgaba el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de malformación del feto o graves anomalías y enfermedades.
La nueva normativa que prepara el ministro de Justicia pretende dar un paso adelante y distinguir entre discapacidad, que no puede ser motivo para abortar, y las malformaciones del feto incompatibles con la vida, que sí serán causa legal suficiente para abortar. Sin embargo, para la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, «el supuesto de aborto eugenésico tiene que ser abolido en su totalidad». Este tipo de interrupciones voluntarias del embarazo suponen apenas el 3% de la totalidad de abortos que se realizan en España.
«Enfermos de segunda»
«No podemos tener enfermos de primera y de segunda. Además ¿a qué nos referimos con incompatibilidad con la vida? ¿a una vida de tres días? Para unos padres tres días de vida con su hijo puede significar mucho». Con suma prudencia ante la ausencia de un anteproyecto, Joya aseguró que «con este criterio es muy probable que se incluya, por ejemplo, una cardiopatía grave porque puede ser incurable a la hora del diagnóstico, pero todos los días vemos cómo los cirujanos sacan adelante a niños con estos problemas».
En el otro extremo, los que consideran el aborto como «un derecho» no dudan en considerar este extremo de la nueva ley como «una falta de respeto a la mujer». El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) , el doctor Santiago Barambio, afirmó que no hay por qué desconfiar de las mujeres y la decisión que toman en función de sus circunstancias personales. «Nosotros defendemos que la mujer pueda decidir teniendo en cuenta su situación y no una lista», aseguró.
En la misma línea, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, criticó ayer en su Facebook que sean «los ministros, jueces, obispos y científicos» y no las mujeres los que vayan a decidir sobre la maternidad. «¿Y no tienen nada que decir las mujeres, o sea las madres? Ellos sí saben. Nosotras, a obedecer y callar. Amén».
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