«La ley de Costas no legalizará el Algarrobico»

Ramos ha insistido en que las enmiendas que se han introducido en el Senado únicamente buscan resolver cuestiones a las que no se dio respuesta en 1988, cuando se aprobó la ley. En concreto, se ha referido a aquellas zonas incluidas en lo que se denomina «zona de servidumbre de protección» (hasta 100 metros tierra adentro) y que en aquel año no tenían calificación de urbanas pero su suelo ya se había transformado con actuaciones como accesos rodados y alcantarillado. Para ese tipo de áreas, la zona de protección se reducirá a 20 metros.

Se trata de proteger y dar seguridad jurídica a las personas que, «de buena fe», se instalaron en esas zonas que eran «cuasi urbanas» antes de 1988. «Otra cosa es cómo ordena ese ámbito el municipio y la comunidad autónoma», explicó el secretario de Estado, quien cree que no se puede «mantener la ficción de que era suelo rústico». «Cuanto más realistas seamos, mejor», comentó.

Federico Ramos recalcó que la «inseguridad jurídica» en las propiedades costeras es «muy malo para la imagen de España». Como ejemplo, citó una noticia según la cual 50.000 británicos habrían perdido su vivienda en España por culpa de la ley de Costas.

Con el objetivo de «generar confianza», precisamente, se prevé una prórroga de hasta 75 años en las concesiones para las miles viviendas anteriores a 1988 situadas dentro del dominio público marítimo-terrestre. Según la actual ley, las concesiones de 30 años para este tipo de construcciones expiraría en el año 2018, con lo que habría que echar de sus casas a las personas que habitan en ellas. La prórroga que se incorporará a la ley es «equilibrada», según Ramos, ya que ni se inclina por los partidarios de extinguir la concesión ni por los que creen que habría que dar la propiedad a los concesionarios.

En total, de una forma genérica y tomando datos del Ministerio de Fomento, existen 250.000 viviendas afectadas de una u otra forma por la ley de Costas, según explicó. Se incluirían en esta cifra aquellas situadas en el dominio público, las que están en zonas de servidumbre de protección (adquiridas dentro de un planeamiento urbanístico que posteriormente ha sido declarado ilegal) y las que se han comprado en urbanizaciones que no necesariamente se verían afectadas por la Ley de Costas, aunque estuvieran en municipios costeros, pero que han resultado ilegales posteriormente.

En todo caso, ha recalcado el responsable de Medio Ambiente, las viviendas construidas en zonas de servidumbre después de 1988 «seguirán siendo ilegales». Además, la llamada «cláusula anti-Algarrobicos» permtirá actuar en vía administrativa cuando se haya dado una liencia sin respetar las distancias establecidas. «Si te anticipas a que se construya, es más fácil», ha indicado.