Sociedad

La Defensora del Pueblo pide cambiar las normas de disciplina de la Universidad que datan de 1954

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La Defensora del Pueblo, los rectores y los estudiantes reclaman una nueva regulación del régimen de disciplina académica en la Universidad ya que la actual es de 1954 y, por ejemplo, tacha de falta grave manifestaciones contra la moral católica y no castiga copiar en exámenes con las nuevas tecnologías.

Se trata de una petición hecha desde hace décadas por la institución que ahora preside Soledad Becerril y por la Universidad pero sin respuesta de momento ya que, por ejemplo, el informe «Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español», realizado recientemente por un comité de expertos, no trata el tema.

La aplicación de esta norma preconstitucional «suscita gran polémica y rechazo en el seno de la comunidad universitaria» por la falta de adecuación de sus términos a las exigencias de la realidad social y académica y por «sus notorias carencias para ser aplicada a situaciones que se producen hoy», afirma la Defensora en su informe anual 2012.

Y la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE), Adelaida de la Calle, ha declarado que se trata de un asunto que lleva «muchísimo tiempo en la palestra» y del que no se ha llegado a «ningún documento conjunto».

El reglamento de hace casi sesenta años tipifica, por ejemplo, como faltas graves de palabra u obra, y que pueden conllevar la expulsión de la universidad, las manifestaciones contra la moral católica o contra los principios e instituciones del Estado y la ofensa grave. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías para copiar en los exámenes o para suplantar personalidades en la asistencia a las clases no figuran.

Entre las quejas que recibe la Defensora sobre este asunto se habla de los preceptos que se deberían derogar y de otros que deben ser continuamente reinterpretados por los órganos universitarios con competencia en materia sancionadora para acomodarlos al marco constitucional y legal vigente.

«Siempre hemos querido tocar este tema porque no podemos estar con una legislación de 1954, ya que la sociedad es cambiante y las diferentes circunstancias deben tenerse en cuenta», destaca De la Calle, que ha comentado que si Becerril ha retomado el asunto, quizá se vuelva a tratar en algún Consejo de Universidad.

El vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios (Ceune), Gabriel Martín, ha resaltado «la necesidad de un cambio imperioso» de la norma, aunque se lo hará llegar más adelante al ministro porque ahora «la prioridad» es la reforma del sistema universitario.

Un régimen «obsoleto y desfasado»

La secretaria general de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Inés Sánchez, sostiene la «urgencia» de cambiar este régimen por estar «obsoleto y desfasado»; «no parece razonable hablar del modelo de universidad para 2020 cuando todavía los alumnos nos enfrentamos a un régimen sancionador preconstitucional», ha enfatizado.

La Defensora repasa también en su informe las peticiones de cambio de esta norma -fue firmada por el ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez-, desde que en 1990 su institución recomendó al entonces Ministerio de Educación y Ciencia su actualización.

Esa primera propuesta quedó «sin atender» y en 2008 el Defensor efectuó un estudio entre las universidades y transmitió al Parlamento el sentir «unánime» respecto al esfuerzo interpretativo que requiere adecuar la normativa.

En diciembre de 2010, el BOE publicó el Estatuto del Estudiante Universitario y en una disposición adicional se afirmaba que el Gobierno presentaría a las Cortes, en el plazo de un año, un proyecto de ley reguladora de la potestad disciplinaria.

En 2011, el Ministerio dirigido por Ángel Gabilondo llegó a redactar el borrador del anteproyecto de la «Ley de convivencia y disciplina académica en la enseñanza universitaria»; y en 2012, el Defensor inició una nueva actuación de oficio ante la Secretaría General de Universidades.

A pesar de estas sucesivas iniciativas y de las peticiones del Defensor del Pueblo para la redacción de un adecuado rango normativo, «hasta el momento no se han llevado a cabo las actuaciones recomendadas», añade Becerril.

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