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El Gobierno recurre por tercera vez la subasta de medicamentos de Andalucía

Día 22/02/2013 - 19.43h
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La Junta acusa al Ejecutivo de «falta de respeto» al Constitucional y al Gobierno andaluz

El Gobierno parece dispuesto a no darse por vencido y permitir la subasta de medicamentos en Andalucía. Ha vuelto anunciar su tercer recurso ante el Tribunal Constitucional y a solicitar la suspensión de la medida. Los servicios judiciales del Estado argumentan que este sistema de subasta invade la legislación estatal y reduce la oferta de prestaciones. El argumento estatal está amparado también por un dictamen previo del Consejo de Estado que cuestiona la resolución autonómica. La decisión se ha tomado en el Consejo de Ministros.

Esta medida de ahorro farmacéutico sólo permite recetar (para trastornos menores, como el colesterol) los fármacos más baratos. La Junta, la única comunidad que ha puesto en marcha esta práctica, ajusta el precio a la baja con los laboratorios y el que ofrezca el precio menor se lleva la concesión.

Más que un problema competencial

El asunto va más allá de un problema competencia entre una comunidad autónoma socialista y un Gobierno central del PP. Es cierto que el Ministerio de Sanidad tiene la competencia de fijar los precios en todo el territorio, pero desde Sanidad se asegura que la subasta andaluza también puede afectar a la salud de la ciudadanía. Se restringe a una sola presentación el tratamiento paa cada patología, aunque algunos pacientes pueden necesitar preparaciones con más o menos lactosa, por ejemplo. También se corre el riesgo de desabastecimiento, al dejar a un solo proveedor el suministro de cada medicamento.

En cuanto al ahorro, el Ministerio asegura que si la subasta se hubiera puesto en marcha en toda España, habría producido un ahorro de 170 millones de euros en 2012. El sistema estatal de precios menores y precios más bajos impulsado por el Ministerio de Sanidad ha conseguido un ahorro muy superior: 690 millones.

Un sobrecoste que puede generar despidos

No lo piensa así, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, que ha denunciado la «falta de respeto» del Gobierno del PP a las «instituciones, a la Junta y al Tribunal Constitucional» al recurrir por tercera vez la subasta de medicamentos de la administración andaluza.

Montero sostiene que el Gobierno «defiende los intereses millonarios de la industria farmacéutica, que en crisis tiene que hacer un esfuerzo como lo hace el conjunto de los ciudadanos y hasta los pensionistas, que aportan dinero para pagar los medicamentos».

La paralización de la subasta, con la que la Junta ha estimado un ahorro de 200 millones que ya no están en el presupuesto de 2013, implicaría un ajuste similar al despido de 6.500 trabajadores, al cierre de un hospital como Puerta del Mar (Cádiz) durante un año, al cierre de centros de atención primaria de una provincia como Córdoba, al desmantelamiento de la red de unidades móviles o helicópteros de la empresa de emergencias sanitarias, según la consejera.

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