La terceraDestruir la autoridad

«Vivimos una honda crisis de autoridad de la que la sublevación del secesionismo catalán no es sino un paso más en el proceso de deslegitimación institucional al que ha contribuido, ciertamente, el flagelo de la corrupción galopante de nuestra vida pública. El régimen de libertades hace agua por haber olvidado que la democracia, frente al acratismo que ve en ella una huerta sin vallar, es justo el régimen político que más precisa de la autoridad»

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A las múltiples manifestaciones de insumisión ciudadana que solemos atribuir a la crisis económica se añadía recientemente el gesto de una joven licenciada en Derecho malagueña que se negó en redondo a mencionar al Rey –es decir, al Jefe del Estado– al prestar el juramento previsto en el estatuto colegial, actitud que lejos de provocar su lógica exclusión del gremio, dio pie a la estupefaciente decisión del Colegio de eliminar esa referencia de su estatuto para evitar eventuales incomodidades a sus futuros asociados. Nada sorprendente, en todo caso, si se recuerda que una presidenta regional advirtió ya que sólo respetaría las leyes que ella misma considerara justas, o que grupos de espontáneos impiden ejecutar decisiones judiciales como los desaucios o se dediquen a «escarchar» a la mismísima vicepresidenta del Gobierno legítimo.

Vivimos, sin duda, una honda crisis de autoridad de la que la sublevación del secesionismo catalán no es sino un paso más en el proceso de deslegitimación institucional al que ha contribuido, ciertamente, el flagelo de la corrupción galopante de nuestra vida pública. El régimen de libertades hace agua por haber olvidado que la democracia, frente al acratismo que ve en ella una huerta sin vallar, es justo el régimen político que más precisa de la autoridad, es decir, de la clásica «auctoritas» que no es, desde luego, la «potestas» ni, menos aún, el «imperium», sino el imprescindible elemento equilibrador de aquellas libertades en cualquier situación y más que en ninguna otra en la aquejada de inmoralidad.

Olvidando las razones de Max Weber sobre la relación entre Poder y Autoridad, el auge del populismo anda sustituyendo el «consensus» por un «conflictus» que considera inevitable –democracia y conflicto serían indisociables (Ernesto Laclau o Chantal Mouffe,por ejemplo)– hasta deslegitimar la autoridad y, con ella, las instituciones. El «agonismo» sería inevitable y la «deliberación» –o sea, la toma de decisiones en el incesante debate de la asamblea– la única salida que le queda al Sistema. Cuando el Gobierno consintió la permanencia de la asamblea del 15-M en la Puerta del Sol durante la jornada de reflexión, estaba rindiendo con armas y bagajes la legitimidad representativa a la demagogia primordial.

Claro está que el hallazgo de esos atajos libertarios fue propiciado por la desafección de los ciudadanos a un sistema democrático lastimado gravemente por la crisis económica tanto como por el mal ejemplo del propio Poder. No hay que extrañarse de que las víctimas de la ruina económica y social se aferraran a la ilusión anómica en un país saqueado e impune, ni hay que esperar que esas víctimas sospechen siquiera que la ilusión irreflexiva por radicalizar hasta el límite la democracia conduce sin remedio a la tiranía. El siglo XX nos dejó repetidos ejemplos de esta obviedad desde ambos extremos de espectro ideológico. Esperar que se mantenga de modo espontáneo la buena razón de que es indispensable asociar la democracia con la autoridad resulta una simpleza, incluso si se esgrime el argumento de la impotencia de esa democracia ante la economía que llevó a Marx –y tras a él a otros muchos– a no ver en todo Gobierno más que un instrumento de la razón económica.

El pésimo ejemplo político, con sus incacidades y corrupciones, ha resultado nefasto para la democracia. Pero también es cierto que –como surgida de la «larga noite de pedra» de la dictadura y fruto de un consenso trufado de prejuicios tan decisivos como la adopción de un sistema electoral favorecedor de las mayorías o el melindroso tacto empleado con los fantasmas nacionalistas– la actual democracia puede haber envejecido precozmente. ¿Cómo explicar si no la crisis de la idea de representación y el surgimiento paralelo (y abrupto) del mito asambleario que la han puesto contras las cuerdas? Sólo esa quiebra explica la extensión y profundidad de una crisis de autoridad –consecuente con la pérdida de los valores– que afecta, no exclusivamente a las instituciones políticas, sino a las más elementales de la vida social: millares de padres denuncian a sus hijos por maltrato, ha dejado de ser noticia la agresión al médico o al docente y un magistrado de la Audiencia ha de soportar impotente que un justiciable de tres al cuarto –aprovechando la eliminación del concepto de «desacato» en el llamado «Código Penal de la democracia»– replique a su requerimiento de urbanidad invitándolo a practicarle una «felatio». ¿Hemos de extrañarnos de que una jurista en ciernes desprecie altaneramente al Rey y se niegue a prometer obediencia al Jefe del Estado? ¿Por qué, si la alcaldesa de Barcelona –una agitadora de barrio sin mejores méritos– tiene declarado que la validez de la Ley la decide ella, mientras un Parlamento regional desafía impunemente al Gobierno y al Tribunal Constitucional proponiendo nada menos que la fractura de la unidad nacional consagrada por siglos de Historia y por la vigente (?) Constitución?

Cuando escucho decir a Antonhy Giddens que «no hay autoridad sin democracia», tentado estoy de invertir la proposión y reducirla a la evidencia de que lo que no puede haber es democracia sin autoridad, que es lo que comienza a ser una preocupación crítica de los demócratas españoles en estos días confusos. A las exigencias no poco infantiles del nuevo radicalismo popular, que propone la minimización del principio de autoridad, es preciso oponerle la razón de que lo que distingue a la «auctoritas» de la «potestas» o del mero «imperium» es justamente su capacidad de persuasión por la legitimidad, el hecho de que lo que constituye y perfila a la autoridad es precisamente su condición de legítima. Y no hay atajos, repitámoslo, que conduzcan a ésta y menos que garanticen su capacidad justiciera: no debe olvidarse que la asamblea ateniense condenó a Sócrates a beber la cicuta.

La larga sombra de Gramsci, actualizada por talentos como los de Tony Negri o Michael Hardt agitando su «sujeto emancipatorio», o la propuesta neoleninista de Slavo Zizek, están debajo de ese «ellos» culpable que el extremismo antisistema se propone eliminar destruyendo la autoridad legítima sin romper del todo, como señaló con tino Antonio Elorza, con la confortable democracia representativa. Frente a un partidismo enervado incapaz de erradicar su propia corrupción, prospera la estrategia antisistema consistente en la imparable reducción de la indispensable autoridad. Y mientras tanto, esta, como bien sabemos, petrificada en el gesto de verlas venir.

José Antonio Gómez Marín es escritor