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Puigdemont toca a su fin

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No se sabe a ciencia cierta qué hará hoy Carles Puigdemont en el pleno del Parlamento de Cataluña. Unas voces de su entorno sostienen que aplicará al detalle la Ley de Transitoriedad declarada en suspenso por el TC para proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. Otras, en cambio, especulan con una inocua declaración institucional que dé validez a la farsa del 1-O para diluir en el tiempo una hipotética proclamación de la secesión. Incluso, algún sector más aventurado pronosticaba ayer la disolución del Parlament, la convocatoria de elecciones y la dimisión inmediata de Puigdemont. Sea cual sea su decisión, nada, absolutamente nada, tendrá un valor jurídico vinculante a ningún efecto. Puigdemont ha llevado a Cataluña a una situación de derribo en la que el desprecio a la ley se ha convertido en el único eje de su gestión. A partir de ahí, nada de lo que haga tiene validez. Si cediera en todos sus términos al chantaje de la CUP y de ERC, Puigdemont solo tiene una salida, que es declarar unilateralmente la independencia de una hipotética república catalana. Y si esa fuese realmente su elección, la respuesta del Gobierno solo debe ser la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución –junto con el PSOE o no, porque eso es relevante pero ya secundario a estas alturas–, y la instauración de cualquier otra medida que impida siquiera cualquier mínimo margen que regale al secesionismo una imagen de triunfo. Vista la indecente manipulación hecha por buena parte de la prensa internacional, rehén del victimismo de Puigdemont y de una parte de los catalanes declarados en sedición, ya no es posible regalar ni una sola baza más al «agit-prop» internacional de la Generalitat. Tanto desde la perspectiva penal –detención de Puigdemont incluida–, como desde las previsiones de las distintas leyes de seguridad del Estado, el Gobierno debería asumir que se han terminado las contemplaciones. Y que dar más bazas a Puigdemont solo podrá llevar al bloque constitucionalista al descrédito y la ineficacia. No es posible desamparar al casi millón de españoles que, en representación de otros muchos millones más, reivindicaron el domingo en Barcelona la unidad nacional como única fórmula posible para que España siga siendo España.

El Gobierno, los órganos constitucionales y la Justicia deberían asumir que ya se han soportado hasta el límite las embestidas del independentismo. En su delirio, a Puigdemont no le parece suficiente la condena económica a que aboca a Cataluña la fuga de las más relevantes empresas y multinacionales con sede allí. Del lado separatista, no cabe mayor irresponsabilidad. Pero del lado constitucional, ya no sería posible soportar en términos de imagen una ruptura internacional por ficticia que fuese. Llegados a este punto, el diálogo y la mediación sobran porque Puigdemont no ha ofrecido ni un solo síntoma de querer pactar. La ley, sí, pero con todo su peso real si tiene la osadía de erigirse en un falso mártir.

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