El problema es la solución

Hay un error de concepto en la idea de que el conflicto catalán deben resolverlo los catalanes. Es un problema de España

Ignacio Camacho
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Sea cual sea el resultado de las elecciones del jueves, su propia convocatoria al amparo del artículo 155 contiene un error de concepto: el de que el conflicto catalán deben resolverlo exclusivamente los catalanes. Eso sería así si se tratase de un problema de índole interna derivado del autogobierno, pero el procés no es tal cosa sino un cuestionamiento global de las bases del Estado, de los fundamentos constitucionales, de la fuente de la soberanía nacional. Incluso si fuera el caso de un debate estatutario, la Constitución establece que los estatutos de autonomía son leyes orgánicas que debe aprobar, en nombre de (todo) el pueblo español, el Congreso de los Diputados. Por eso hubo un recurso de inconstitucionalidad contra el vigente estatuto, que por exceder su margen competencial sufrió recortes a pesar de haber sido refrendado. Al utilizar los poderes excepcionales del 155 sólo para llamar a las urnas a los ciudadanos de Cataluña, el Gobierno efectuó una generosa concesión al soberanismo, integrándolo en una supuesta solución de la que no puede formar parte mientras persista en su delirio. Esa decisión no sofocaba la insurrección de octubre; la dejaba en suspenso e ignoraba adrede a la totalidad de la nación afectada por el desafío.

Porque la secesión de Cataluña es un problema de España y es a los españoles en su conjunto a quienes corresponde afrontarlo. Ésa es la base de la cuestión, la que tiene que ver con el sujeto soberano. Los catalanes sólo tienen capacidad, como los andaluces o los vascos, para decidir quién está al frente de su gobierno autonómico. Pero cuando ese gobierno traspasa sus márgenes legales para abolir el orden normativo de la nación de la que forma parte, es el Estado el que tiene que ejercer su autoridad sin delegarla ni esconderse, que es lo que de algún modo ha hecho, por apocamiento, al dar la palabra a los catalanes. ¿Y el resto? ¿No tienen nada que decir los demás españoles a los que el separatismo ha tratado de amputar su soberanía, su territorio, su igualdad y sus derechos?

Si el Gobierno, y el resto de los partidos constitucionalistas, no se atrevían a desempeñar el papel para el que tienen plena legitimidad, a quienes debían consultar es a los ciudadanos de España. Eso significa convocar elecciones generales con Cataluña como eje casi exclusivo del debate. Preguntar a los españoles cómo quieren arrostrar el conflicto soberanista, que compete a su proyecto de convivencia. Y si, por las razones que fuere, esta solución no se considera aconsejable, entonces el Estado tenía que haber actuado con resolución para desmontar las estructuras políticas e institucionales de la independencia de facto. No lo ha hecho: ha convocado elecciones con el poder separatista casi intacto. Y el jueves lo puede -lo podemos- lamentar si el recuento devuelve el problema al punto en que quedó simplemente aplazado.

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