El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,, durante el Pleno en el Parlament
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,, durante el Pleno en el Parlament - INÉS BAUCELLS
Editorial ABC

Es prioritario destituir a Puigdemont

Dado su empecinamiento para empujar hoy al Parlament a una declaración unilateral de independencia, solo cabe exigir al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos una aplicación estricta y contundente del artículo 155 de la Constitución

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En una jornada de tensión política que quedará para los anales del esperpento, Carles Puigdemont decidió no convocar elecciones en Cataluña pese a que, según se había sugerido desde media mañana, esa era su intención inicial. El despropósito alcanzado en el proceso separatista superó ayer con creces lo delirante. Puigdemont compareció como un hombre desquiciado, superado por la gravedad de las circunstancias y demostrando ser incapaz de entender con un mínimo de raciocinio el enorme perjuicio que está causando a todos los catalanes. Es inaceptable que pretenda condicionar la celebración de elecciones en Cataluña para que se convoquen a su medida y conveniencia, sin la amenaza del artículo 155 sobre sus hombros y con plenas garantías de inmunidad para él y su Gobierno. En esas circunstancias no procede celebrar comicios en absoluto. Ni una palabra dijo Puigdemont de restaurar la legalidad. Ni una sobre su imprescindible apartamiento de la política catalana visto el daño que provoca. Ni una palabra tampoco sobre su compromiso para convocar elecciones con garantías y en una atmósfera libre de convulsión social y chantaje independentista. Solo se limitó a culpar al Gobierno de Mariano Rajoy del golpe a la democracia que la Generalitat está dando, lo cual aboca a Puigdemont a un suicidio político incomprensible. Renunciar a la única salida razonable que tiene una vez cometido un auténtico fraude a la democracia revela que ya no le importa nada ni nadie en Cataluña.

Vía libre para la ley. Desde esta perspectiva, y dado su empecinamiento para empujar hoy al Parlament a una declaración unilateral de independencia, solo cabe exigir al Gobierno, al PSOE y a Ciudadanos una aplicación estricta y contundente del artículo 155 de la Constitución durante todo el tiempo que sea necesario y con la intervención fáctica de todos aquellos organismos imprescindibles para garantizar que se cumple la ley. Puigdemont y su Gobierno deben quedar apartados en cuanto el Senado dé vía libre a actuar contra este ataque a la legalidad. Y, en su caso, deben quedar a disposición judicial para responder por sus conductas sediciosas. Todo lo que toca Puigdemont se convierte en irracional y peligroso para la salud de la democracia. El cínico diálogo que implora -su objetivo real es dinamitarlo- no puede ser una trampa en la que caigan continuamente PP y PSOE en busca de la enésima salida imposible. Es la herramienta de Puigdemont para dividir a los partidos, obligados a promover el fiel cumplimiento de nuestra Carta Magna. De nada sirve que el bloque secesionista admita tener grietas o dirigentes disidentes al borde de la dimisión. Lo cierto es que ninguno de los consejeros mal llamados «posibilistas» da un solo paso público al frente para desmarcarse de la paranoia política en que se ha instalado el Gobierno catalán y parte de su Parlamento. Desmontar el andamiaje político de Puigdemont se ha convertido ya en una urgencia nacional para evitar la desmembración de España. Si hoy se produjese una votación en el Parlament para declarar la república catalana de modo fehaciente y «formal» -nunca puede ser «oficial»-, el Estado de Derecho ha de ser inflexible porque Puigdemont ha agotado el «tiempo de la política» caprichosa e irresponsablemente.

Esta Generalitat no merecerá ni una sola oportunidad másporque ya es impensable que salga airosa de tal cúmulo de provocaciones e insensateces. Por eso, PP y PSOE deben dejar de modular su discurso en busca de salidas dialogadas que Puigdemont está despreciando continuamente. Lo que se produjo ayer es el límite de una afrenta al Estado contra la cual ya no valen matices ni criterios ambiguos. Si el presidente catalán aún busca una salida, debe aceptar las condiciones impuestas por el Estado sencillamente porque la ley es igual para todos los españoles y porque su cumplimiento no puede ser negociable bajo ninguna circunstancia. Mariano Rajoy se enfrenta a una difícil prueba de fuego. Será complejo poner en marcha la aplicación del artículo 155, y es previsible que surjan muchas dificultades, e incluso conatos de rebelión en las calles. Los que llamaban ayer «cobarde» y «traidor» a Puigdemont por su idea de convocar comicios renunciando a declarar «solemnemente» la independencia serán los mismos que pretenderán plantar cara al Gobierno si el 155 finalmente permite destituir en horas al Gobierno catalán en pleno. Es previsible pensar que si hoy mismo no hay una solución in extremis que permita rebajar la tensión en Cataluña, habrá convulsión en las calles. Y nadie más que estos mesías de un separatismo imposible serán los responsables de lo que pueda ocurrir. Puigdemont está optando por la peor solución posible y la historia juzgará sus devastadores errores.