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En plena forma Mayte Alcaraz

En la España de las paradojas ha tenido que ser el eterno sustituto Feijóo el que apele a la libertad de Rajoy a no irse

Oír a Alberto Núñez-Feijóo defender que Mariano Rajoy tiene todo el derecho a presentarse a las próximas elecciones suena al alegato de un justiciable en defensa de la horca. Si hay una «víctima» de la «plena forma» en la que parece haberse instalado el presidente actual, según sus propias palabras, ese es el jefe de la Xunta de Galicia, eterno aspirante a suceder a Rajoy. Pero es de agradecer que alguien trascienda a sus propios intereses para reivindicar una obviedad que en la política actual ha dejado de serlo: el derecho de un partido a decidir quién le representa en las urnas. Y antes que eso, la libertad de una persona, en plenas facultades civiles, a optar a un cargo público, siempre que la formación a la que pertenece esté de acuerdo.

A Ciudadanos le sudan las manos cada vez que Rajoy juguetea con la posibilidad de volver a concurrir a un tercer mandato. Indigerible trágala, piensan, tener que votar a favor de su investidura para además arrostrar una nueva legislatura presidida por quien Rivera conceptúa como el mal, muy mal, menor para una España convulsa a la que él aspira legítimamente a gobernar. Si además sigue ganando elecciones, a pesar del desgaste de la gravísima corrupción que creció a su vera, el horizonte para Ciudadanos se torna mucho más negro que si se prendiera la pirotecnia de una sucesión para la que se acumulan aspirantes, unos indisimulados y los más, emboscados. Aunque Rivera se jacta de que el PP suscribió un pacto por la regeneración que obliga a limitar los mandatos a ocho años, lo cierto es que olvidó especificar que, en contra de los usos legales, esa nueva regla iba a tener carácter retroactivo. Para empezar, hay que dar carácter legal a ese acuerdo reformando la Ley del Gobierno de febrero de 1997, en la que se regulan las funciones del presidente del Consejo de Ministros. Trámite inexcusable que todavía no se ha efectuado y que, aunque se abordara, en ningún caso supondría una obligación retrospectiva para el actual presidente del Gobierno.

Es cierto que ni Adolfo Suárez (5 años); ni Leopoldo Calvo-Sotelo (apenas 2); ni José María Aznar (8); ni José Luis Rodríguez Zapatero (otros 8), se mantuvieron en el poder más de dos legislaturas. Pero siempre atendieron a una de estas dos razones: o su propia voluntad o la de sus partidos. El único que prolongó su magistratura fue Felipe González que, también por decisión personal que entonces era la misma que la del PSOE, permaneció 14 años. No hubo norma que suplantara la decisión legítima de esos presidentes. Y en el derecho comparado, esa práctica enarbolada por Ciudadanos tampoco está extendida en las democracias parlamentarias, donde al presidente lo elige el Legislativo. De hecho, es solo habitual en sistemas presidencialistas como el americano, y no en todos, porque la República francesa tampoco lo ha instaurado. Ni la canciller alemana, que va a estar como mínimo doce años, ni los primeros ministros de Italia o del Reino Unido, cuentan con tiempo tasado para gobernar, prerrogativa que esas democracias depositan en manos de los ciudadanos, libres de elegirlos o mandarlos a casa.

Porque aunque le pese a Ciudadanos, esa selección natural que representan las urnas es la única vinculante. El partido -Ciudadanos también- propone a su candidato y el electorado dispone. Opinar podemos hacerlo todos y hasta algunos concederíamos que al PP le toca ya renovar caras y desatascar sus cañerías tras lustros de corrupción. Pero si Rivera termina decidiendo en casa ajena algún vecino acabará preguntándole qué hace él presidiendo la suya ya va para doce años.

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