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Editorial ABC

El Rey llama al Estado a defenderse

Las palabras del Monarca marcan el camino quehan de seguir los poderes del Estado, de los que destacó su legitimidad para garantizar el orden constitucional

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Cataluña está transitando desde el referéndum ilegal a la insurrección generalizada, en una evolución de acontecimientos que estaba escrita en el guión del nacionalismo separatista catalán. Nadie debería sentirse sorprendido por lo que está sucediendo en Cataluña, ni refugiar en esta ignorancia su pasividad ni su omisión, desde el puesto que le corresponda, ante la quiebra de la legalidad constitucional. Quien convoca y organiza un referéndum separatista contra toda ley y tribunal, frente a toda advertencia de procesamiento y a pesar del repudio internacional, es porque está dispuesto a llegar a niveles de confrontación en los que se decidirá la existencia misma del Estado. El problema al que se enfrenta el Gobierno de Mariano Rajoy es el de la continuidad de España como una unidad nacional sostenida por una Constitución vigente para todos los españoles.

El histórico discurso que ayer pronunció el Rey Felipe VI, legatario de aquel con el que su padre, el Rey Juan Carlos I, puso fin al golpe de Estado del 23-F, calificó definitivamente la situación al poner a la Generalitat de Cataluña «al margen del Derecho y de la democracia». Las cabales palabras del Monarca marcan el camino que han de seguir los poderes del Estado, de los que destacó su legitimidad para garantizar el orden constitucional. La Corona ha emplazado al Estado a defenderse.

La situación es crítica. La huelga general en Cataluña amparada por las instituciones autonómicas fue ayer un paso más en la ocupación permanente por las fuerzas separatistas del escenario público catalán, aquel que debería estar abierto al ejercicio de las libertades y derechos de todos los catalanes. La huelga de ayer fue un golpe interno para intimidar a los no nacionalistas y forzar a que se sientan marginados. Pero quienes dentro del nacionalismo separatista crean que este movimiento de crispación y enfrentamiento amainará cuando obtengan su imposible independencia son tan ingenuos como los que pensaban que no se llegaría a esta crisis institucional. El tigre del separatismo de extrema izquierda está desbocado y su objetivo es devorar a la sociedad catalana en un proceso revolucionario en el que las clases medias no tendrán el amparo de un Estado de Derecho digno de tal nombre.

Hablemos con sinceridad de un problema que reclama la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Este artículo sólo es eficaz si se aplica a tiempo, cuando aún exista una estructura autonómica susceptible de ser puesta bajo control del Estado para que cese en la deslealtad constitucional. No parece que el PSOE vaya a ayudar al Gobierno en esta empresa, porque los socialistas han decidido que lo más importante en este momento es reprobar a la vicepresidenta, gesto inequívoco de que este partido quiere, otra vez, sacar beneficio de otra crisis nacional.

Sería desastroso que el artículo 155 de la Constitución estuviera ya amortizado por llegar tarde a su aplicación. Por eso, cuanto más se demore el Gobierno en tomar decisiones, los acontecimientos harán más difícil el abordaje de la insurrección de la Generalitat, cada día más coincidente con lo que la Constitución prevé para los estados de excepción y sitio establecidos en su artículo 116. La crisis constitucional provocada por la Generalitat de Cataluña no puede resolverse con los poderes ordinarios del Gobierno ni del Poder Judicial. Hacen falta medidas extraordinarias cuya ejecución requerirá el ejercicio de la fuerza del Estado. Todo Estado en riesgo de fractura tiene dos opciones: dejar que la fractura se consume, desintegrando el sistema político del Estado, o reaccionar con toda la fuerza legítima –y toda la inteligencia necesaria, lo que implica anticipación y audacia– para asegurar la unidad de la Nación.

Como anoche afirmó con acierto Don Felipe, están en juego los derechos y las libertades de los catalanes, por supuesto, pero también los del resto de los españoles, porque a todos nos afecta la vigencia del pacto político constituyente de 1978, que la Generalitat de Cataluña quiere romper en pedazos. Si no se impone el orden constitucional en Cataluña, el sistema político de 1978 quedará herido de muerte y sus funerales los celebrarán todas las fuerzas políticas que ven con ojos complacientes cómo el separatismo catalán está avanzando en su programa de revancha histórica, mucho más de lo que logró ETA con mil muertos y miles de heridos. Reconozcamos que el conflicto catalán ya no es un problema político sino una amenaza directa a la Nación y confiemos, con el Rey Felipe VI, en que los poderes del Estado restauren el orden constitucional con los instrumentos que tienen a su disposición.