Editorial ABC

La legitimidad del Estado, lo primero

Rajoy dejó abierta la puerta a la aplicación del artículo 155 como una opción realista, eficaz y tranquilizadora para una sociedad que no puede permitir que el secesionismo gane batallas

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POR segundo día consecutivo, la mayoría independentista convirtió el Parlamento catalán en un lamentable ejemplo de insumisión y rebeldía frente al imperio de la ley. La aprobación, anteayer, de la ley del referéndum, la votación de la ley de transitoriedad, y la firma del decreto que convocaba la consulta ilegal del 1-O, entre otros disparates fraudulentos, forman parte de un auténtico golpe de Estado. Por eso, el presidente del Gobierno comprometió ayer públicamente su palabra para sostener que «no habrá referéndum». Y lo hizo con el apoyo expreso de Pedro Sánchez y de Albert Rivera tras reunirse con ellos en La Moncloa. Desde la perspectiva formal, era esencial que Rajoy compareciese personalmente, aunque habría sido más contundente aún la fotografía conjunta de los tres líderes constitucionalistas, visiblemente unidos contra este desafío separatista. Sin embargo y como cuestión de fondo, cobró enorme relevancia política su afirmación de que no renuncia «a nada» para frenar este intento de ruptura de España, y su aviso a los separatistas para que «no menosprecien la fortaleza del Estado».

Conviene evitar los eufemismos porque en el ideario colectivo está la utilización del artículo 155 de la Constitución para intervenir de facto diversas competencias de la Generalitat catalana. Dada la gravedad del desafío, no es momento de actuar con complejos, o criminalizando ese precepto constitucional, creado precisamente para sofocar este tipo de rebeldías sediciosas. Debe dejar de ser tabú debatir y apelar a la aplicación del artículo 155 como una opción realista, eficaz y tranquilizadora para una sociedad que no se puede permitir el lujo de que el secesionismo gane batallas –no ya jurídicas, porque es imposible– sino de imagen. Cualquier temor a alentar el victimismo de los separatistas con la aplicación de ese artículo debe decaer. Sería, como mucho, un daño colateral que nuestra enérgica democracia podría superar con madurez y con valentía. Lo relevante es poner fin por cualquier vía legal a este secuestro de nuestra democracia. Que Rajoy dejase la puerta abierta a esta iniciativa –drástica, pero tan constitucional como cualquier otra– no es anecdótico y revela el propósito del Gobierno de llegar hasta el final para impedir la ruptura de España. El Ejecutivo ya no puede actuar con ingenuidad, en la creencia de que los mandatos judiciales serán suficientes. Ojalá lo fueran, pero Puigdemont no está por obedecer, y la reacción del Estado debe ser demoledora.

Tampoco puede ser ingenuo el PSOE, que si bien está expresando su fiel apoyo al Gobierno, siempre termina apelando a un «diálogo» buenista y hoy imposible, porque la Generalitat está declarando una guerra jurídica al Estado. Sánchez escenificó ayer una genérica unidad de acción con Rajoy, pero a renglón seguido el PSOE registró su propuesta de una comisión parlamentaria para revisar el sistema autonómico. Ni era el día ni había motivo para semejante error. A Sánchez le siguen retratando sus maniqueísmos extemporáneos. Es el momento de una réplica dura del Estado contra quien lo pisotea sin miramientos, y no de filibusterismos parlamentarios.

El Pleno del TC admitió las impugnaciones del Gobierno contra las tropelías cometidas por el Parlamento catalán, y quedaron en suspenso. Y la Fiscalía General impulsó querellas contra los miembros rebeldes de la Mesa del Parlament y contra todos los integrantes del Gobierno catalán firmantes de la consulta, acusándoles de desobediencia, prevaricación y malversación. La consideración de este delito, castigado con pena de prisión, no es baladí y abre un escenario que debería preocupar a los separatistas, más allá de que se firmen órdenes para requisar urnas, papeletas y censos. A su vez, el Consejo de Estado avaló por unanimidad los recursos del Gobierno. Sin embargo, el aparato jurídico del Estado no ha dado el salto cualitativo de exigir la suspensión cautelar de todos los cargos públicos declarados de facto en sedición. De momento, el TC se niega a actuar de oficio al considerar prematura esa medida. Sin embargo, son miles los funcionarios y ciudadanos de Cataluña que se encuentran chantajeados, presionados e impelidos a incumplir la ley bajo amenazas. El amparo de nuestros tribunales debería ser inmediato frente a quienes pretenden obligar a los ciudadanos a abrir ilícitamente colegios, colocar urnas de modo fraudulento y presidir falsas mesas electorales. España vive bajo el peligro real de perder su legitimidad constitucional. Es la soberanía nacional lo que está en juego, y los sediciosos deben ser apartados del tablero sin miramientos. Con la ley, sin cálculos políticos y con la vista puesta en que España no puede renunciar a ser un Estado de Derecho.