Anna Garbiel, diputada de la CUP
Anna Garbiel, diputada de la CUP - ROBER SOLSONA
EDITORIAL

Inmoral provocación de la CUP

En el supuesto de que militantes y simpatizantes de la formación radical traten de romper la paz en las calles de Cataluña, la ley debe imponerse frente quienes pretenden vulnerarla

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La información que este domingo publica ABC con los temores policiales de que los radicales vinculados a la CUP traten de «calentar» las calles tras el 1-O es indiciaria de una derrota preventiva del independentismo. A falta de alcanzar objetivos políticos legítimos que la CUP y la Generalitat se han empeñado en despreciar, porque nada han querido negociar, solo les queda el triste recurso de apelar a una movilización agresiva con el fin de aumentar hasta el extremo el victimismo de un separatismo que no podrá vencer al Estado de Derecho. La CUP es un partido antisistema, anarquista, asambleario y cómplice de Bildu, Sortu y toda la herencia política de la extinta Batasuna. No son solo meros separatistas de cuna. Se jactan de recibir el apoyo de dirigentes proetarras condenados por delitos terroristas como Arnaldo Otegui, a los que presentan inmoralmente ante la sociedad como demócratas, cuando en realidad son secuestradores de la democracia. En su ADN, la CUP lleva implícito el uso de la violencia para imponer su «revolución». Es cierto que se trata de un partido minoritario, y que consiguió poco más de 300.000 votos en las últimas elecciones catalanas. Sin embargo, condicionaron la investidura y la formación del Gobierno de Puigdemont, sometieron a ERC a sus chantajes -cosa que Junqueras asumió con gusto- y pusieron fin a la carrera política de Artur Mas. La CUP es un cáncer para la sociedad catalana, y ahora se ha propuesto liderar revueltas ciudadanas contra cualquier decisión que adopte el Estado contra la celebración de una consulta prohibida por el TC.

Su plan es forzar la conflictividad en las calles con el objetivo evidente de obligar a las fuerzas policiales a realizar detenciones para presentarlas como ejemplo de una represión. Es un desafío sedicioso ideado para presentar al Estado como un órgano vulnerador de las libertades, y no como lo que en realidad es: un garante de los derechos de millones de catalanes, y por tanto de millones de españoles, que se oponen a la independencia de Cataluña con absoluta contundencia. Provocar enfrentamientos civiles y disturbios en las calles, como pretende hacer la CUP, y obligar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluidos los Mossos, a hacer respetar la ley por la fuerza, es de una mezquindad política alarmante. Pero la CUP debe saber que aun en el supuesto de que sus seguidores traten de romper la paz en las calles de Cataluña, la ley debe imponerse frente a quienes pretenden fracturarla y vulnerarla. No habrá otra opción porque su declaración de rebeldía frente a la mayoría de españoles que desean ver a una Cataluña siempre unida a España no tiene salida alguna. Sus portavoces y sus alcaldes podrán negarse a acatar las normas que a todos nos vinculan. Pero no les saldrá gratis.