Vídeo: Carme Forcadell ingresa en la prisión de Alcalá Meco
Editorial ABC

Golpistas de boquilla

Forcadell, con una fianza de 150.000 euros para evitar la cárcel, reniega ahora de la independencia y queda marcada como traidora para el separatismo al que trazó el camino

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La decisión del magistrado Pablo Llarena de imponer a Carme Forcadell una fianza de 150.000 euros para evitar la prisión provisional anuncia un más que probable replanteamiento de la situación procesal de todos los querellados por delitos cometidos en el proceso separatista, incluyendo los que ahora se encuentran en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Los demás investigados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrán que abonar una fianza de 25.000 euros. Son decisiones que se apartan sustancialmente del criterio defendido por el Ministerio Fiscal y que implican un enfoque distinto al aplicado por la juez Carmen Lamela. En todo caso, la acumulación en la Sala Segunda de todos los procesos abiertos por los delitos cometidos en el proceso separatista acabará imponiendo una pauta común a todas las medidas cautelares impuestas a los querellados.

El Ministerio Fiscal no dio crédito a las retractaciones de Carme Forcadell, de quien hay que recordar que ha sido la protagonista principal del proceso separatista en Cataluña, desde antes incluso de la consulta ilegal del 9-N de 2014 a la proclamación, también ilegal, de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre pasado. Forcadell, desde la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana, primero, y del Parlamento catalán, después, ha alentado, dirigido, ejecutado y propiciado todos los actos determinantes de la insurrección anticonstitucional contra el Estado. Su protagonismo, como el de otros cabecillas golpistas -Junqueras, Puigdemont y los «Jordis»- es público y notorio, contumaz y consciente. Pero su abrazo de última hora al artículo 155 de la Constitución y a la versión «simbólica» de la declaración de independencia, así como su desvinculación de la vía unilateral de independencia, han sido eficaces para diluir los riesgos de fuga y de reiteración delictiva. Políticamente, Forcadell y el resto de parlamentarios querellados han agotado su crédito ante los sectores separatistas, que los tacharán como traidores.

Todas las instituciones del Estado han estado a la altura de las circunstancias. El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la arquitectura seudolegal del separatismo. El Gobierno y el Senado, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, han aplicado el artículo 155 de la Constitución. El Rey Felipe VI, en un discurso memorable, instó al Estado a reaccionar. El Tribunal Supremo no iba a ser menos. La implicación del Poder Judicial, a través de sus jueces independientes, se ha producido a instancia de la Fiscalía General del Estado. Los gobiernos y los partidos pueden retractarse de sus decisiones a conveniencia, prometer y no cumplir. Los jueces, no.